Es decir, la Iglesia no debe decirle a la gente por quién votar o por cuál partido votar (a no ser que se trate de un partido intrínsecamente malo, como lo sería un partido comunista o fascista). La Iglesia tampoco debe apoyar a un candidato o partido particular. La razón de ello es porque la misión de la Iglesia es sobrenatural, su objetivo es llevar a las personas a Cristo para que él les dé la vida eterna; mientras que la misión de los partidos y la del propio Estado es natural, es decir, consiste en la búsqueda del bien común y la protección de los derechos humanos aquí en la tierra.
Por esa misma razón, la Iglesia tampoco tiene el derecho de imponer sus propias leyes eclesiásticas al resto de la sociedad que no es católica. Por ejemplo, la Iglesia no puede exigir que la ley civil ordene que todo el mundo vaya a Misa los domingos y días de precepto. Ello sí sería una violación de la distinción entre la Iglesia y el Estado. Sólo por medio del buen ejemplo y de la persuasión es que los cristianos debemos convencer a otros que no lo son de que lo sean.
La Iglesia tampoco tiene una autoridad específica para enseñar sobre la parte técnica o científica de los asuntos humanos, pero sí la tiene para enseñar sobre su dimensión moral. Esa dimensión moral está presente en todos los ámbitos de la existencia humana, incluyendo el político. Ello se debe a que la moral se refiere al respeto y promoción de los valores y derechos humanos, por medio de principios, leyes y normas de conducta que guían dicho respeto y promoción [1]. Ahora bien, la misión que Cristo le ha encomendado a la Iglesia es la de enseñar el camino de la salvación, el cual requiere la obediencia a la ley moral, que incluye la ley moral universal o ley natural, cuyos principales preceptos son los Diez Mandamientos [2]. Todos los seres humanos, sean creyentes o no, están moralmente obligados a respetar la ley natural, que incluye el respeto a los derechos humanos. De otro modo no se podría tener una sociedad civilizada, en la cual se prohíbe el asesinato, el robo y cualquier otro atropello contra los derechos de las personas. Por ello, la Iglesia enseña que "Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas" [3]. Ahora bien, el más fundamental de todos los valores y derechos humanos, como ya se ha explicado, es el derecho a la vida [4]. Por consiguiente, la Iglesia tiene el derecho y el deber de expresarse públicamente sobre la defensa de la vida y en contra de los ataques contra ella, incluyendo el aborto.
La Iglesia enseña que "debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma; tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación" [5]. En realidad esta enseñanza aplica a todas las personas y no sólo a los católicos. Sin embargo, es evidente que los políticos, y sobre todo los políticos católicos, tienen aún mayor responsabilidad. Por lo tanto, si no se debe votar por leyes pro aborto, mucho menos se podrá votar por candidatos pro aborto, ya que los candidatos, al ser elegidos, son los que, de una manera u otra, tienen potestad respecto de las leyes.
Este grave deber de no votar a favor de leyes pro aborto, incluye también el deber de no votar por leyes que niegan el derecho a la objeción de conciencia de los que no quieren cooperar de ninguna manera con la práctica del aborto. "Es, por ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional" [5].
Es cierto que el aborto no es el único problema que existe. Sin embargo, la Iglesia enseña que "el primer derecho de una persona humana es su vida. Ella tiene otros bienes y algunos de ellos son más preciosos; pero aquél es el fundamental, condición para todos los demás. Por esto debe ser protegido más que ningún otro" [4]. El aborto es un grave mal intrínseco y como tal su prohibición no admite excepciones. Hay otros problemas de la sociedad que admiten diferentes soluciones legítimas y donde puede haber una legítima diversidad de opinión respecto de dichas soluciones: la justicia social, la inmigración, etc [6]. Por último, en la actualidad, el aborto es el crimen que más vidas inocentes destruye. Cada año en el mundo, el aborto quirúrgico mata entre 36 y 53 millones de personas no nacidas y en EEUU a 1.2 millones [7]. En todas las guerras juntas no se ha matado a tanta gente.
Los obispos de EEUU han reiterado esta verdad en su Plan pastoral para las actividades provida, diciendo: "Entre los importantes temas en torno a la dignidad de la vida humana que preocupan a la Iglesia, el aborto necesariamente ocupa un lugar central. El aborto, la matanza directa de un ser humano inocente, siempre es gravemente inmoral (El Evangelio de la Vida, no. 57); sus víctimas son los miembros más vulnerables e inocentes de la familia humana. Es imperativo que los que son llamados a servir a los más pequeños entre nosotros le den urgente atención y prioridad a este asunto de justicia" [8].
No se trata entonces de excluir los demás temas, sino de priorizar los temas, y el más grave y frecuente es el aborto. Por consiguiente, no importa qué postura tenga un candidato sobre los demás temas, su posición a favor del aborto lo descalifica automáticamente. Por ello, la Iglesia enseña que "No todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, éste no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz, y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a los criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia" [9].
La única ocasión en que se puede votar por un candidato pro aborto es cuando el oponente es peor en este mismo asunto y no hay un tercero provida con posibilidad alguna de ganar la elección. Es lo que en lenguaje moral se llama "razón proporcionalmente grave". Al respecto, la Iglesia enseña que "Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que sólo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves" [9].
De esta enseñanza claramente se deduce que el votar por un candidato pro aborto, sabiendo que lo es, no habiendo una razón proporcionalmente grave, y conociendo lo que dice la Iglesia al respecto, constituye un pecado mortal, aunque se alegue que se está votando por "otras razones". En ese estado no se debe comulgar, sin antes haberse confesado de ese pecado y haciendo lo posible por reparar el mal ejemplo causado a otros por esa malísima conducta.
Por último, respecto de los políticos católicos pro aborto, la Iglesia enseña que: "Respecto del grave pecado del aborto o la eutanasia, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta (entendida, en el caso de un político católico, como hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia), su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto de las enseñanzas de la Iglesia, informarle que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que termine con la situación objetiva de pecado y advertirle que de otra manera se le negará la Eucaristía. Cuando estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando no han sido posibles, y la persona en cuestión, con obstinada persistencia, aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, el ministro de la Sagrada Comunión debe negarse a distribuirla" [10]. "Esta decisión, propiamente hablando, no es una sanción o una pena. Tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión esté realizando un juicio sobre la culpa subjetiva de la persona, sino que está reaccionando ante la indignidad pública de la persona para recibir la Sagrada Comunión debido a una situación objetiva de pecado" [9].
La última oración de esta cita se refiere al escándalo o causa de confusión y pecado que el político católico pro aborto (o cualquier otra figura católica pública pro aborto que pretenda comulgar), está causando en los demás fieles y no a un juicio personal de ese político o figura pública.
El propio político católico pro aborto (o figura pública) no puede quejarse, bajo ningún pretexto, de esta prohibición de recibir la Comunión, ni tampoco de que la Iglesia le llame a desistir de esa postura. Uno de esos pretextos es decir que él o ella se opone personalmente al aborto, pero que debe representar a una población gran parte de la cual no es católica y a la cual no puede imponerle "sus propios valores religiosos o morales". Ese pretexto es una burda falacia. Es precisamente porque se debe a todos los habitantes representados por su cargo que debe defender la vida ante el aborto. Los niños por nacer, sean católicos o no, también son parte de los habitantes cuyos derechos fundamentales está llamado a defender y tutelar.
Notas:
[1]. Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2nda ed., 1997, no. 1956.
[2]. Cf. Pablo VI, Encíclia Humanae vitae, 25 de julio de 1968, no. 4; Catecismo, no. 1955.
[3]. Catecismo, no. 2032.
[4]. Congregación para la Doctrina de la fe (CDF), 1974 Declaración sobre el aborto procurado, Introducción, no. 11.
[5]. Ibíd., no. 22.
[6]. Cf. CDF, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre del 2002, no. 4.
[7]. Cf. Henshaw, Family Planning Perspectives, 1990, 22:76-89 y Alan Guttmacher Institute, Facts of Induced Abortion in the United States, May 2011, http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.pdf.
[8]. United States Conference of Catholic Bishops, Pastoral Plan for Pro-Life Activities: A Campaign in Support of Life, 2011, p. 1, http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/pastoral-plan-prolife-activities.cfm.
[8]. Carta del Cardenal Joseph Ratzinger (el actual Papa Benedicto XVI), Prefecto de la CDF, al Cardenal Theodore McCarrick, Arzobispo de Washington, con ocasión de la asamblea de la Conferencia Episcopal de EEUU, celebrada en Denver, del 14 al 19 de junio del 2004.
[9]. Cf. Declaración del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos "Sagrada Comunión y divorcio, sobre el problema de los católicos vueltos a casar civilmente", 2002, nos. 3-4.
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