El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha vuelto a plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias con la Comunidad de Madrid a cuenta de infraestructuras. El Ejecutivo ha trasladado a los servicios jurídicos del Estado que se interponga la correspondiente demanda, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución para que se produzca la suspensión de las adjudicaciones de concursos de consultoría y asistencia a los proyectos de construcción y explotación de las obras Cierre Norte de la M-50, tramos A-6 a M-607 y M-607 a A-1 y R1, tramo El Molar a M-12.
El Ejecutivo Zapatero considera que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha sobrepasado sus competencias al tratar de intervenir en carreteras que no son intracomunitarias o calificadas de interés general. Por cierto que esta calificación de interés general se produjo por RD aprobado en Consejo de Ministros de 2003, es decir, durante la segunda legislatura Aznar. Sevilla concluye que el competente para realizar los estudios, proyectos y obras de construcción es el ministerio de Fomento y no el gobierno regional.