La amenaza de huelga de los jueces con motivo de la reforma planteada por el ministro de Justicia de la Ley orgánica del Poder Judicial, a la que se ha añadido la reforma de la Ley de Tasas, no dejan de ser una salida en falso que desprestigia a quienes la propugnan y pone en entredicho un ejercicio público que debiera ser ejemplar.
Pensar que ese no es el camino no significa dar en todo la razón al ministro Gallardón, que debe apurar todas las vías de diálogo. Pero el legítimo malestar de los jueces no debería traspasar determinadas líneas rojas y convertirse en foco del espectáculo social.
Estamos hablando de un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho, y si los políticos no gozan en este momento de gran favor ciudadano, los jueces también deben estar atentos a una desconfianza creciente de la sociedad. Lo que menos.
JD Mez Madrid