El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha confirmado en la mañana del lunes 13 la intención del Gobierno de presentar el anteproyecto de agilización del divorcio en el Consejo de Ministros de este viernes. Según López Aguilar, tras la aprobación gubernamental se abrirá un trámite consultivo ante el Consejo de Estado, "posiblemente" el CGPJ, y los juzgados de familia y abogados relacionados con temas de familia. Finalizado este trámite se producirá la remisión definitiva al Congreso de los Diputados.

 

El procedimiento contradice lo manifestado por la vicepresidenta De la Vega el pasado viernes 10 en el Consejo de Ministros. Tal y como informamos y a pregunta de Hispanidad.com, De la Vega se mostró partidaria de la creación de una mesa de diálogo previa a la presentación del anteproyecto (ver en hispanidad.com/noticia.aspx?ID=3581).

 

El Instituto de Política Familiar (IPF), el Foro Español de la Familia, la Federación de Familias Numerosas y la Asociación de Abogados de Familia habían solicitado en las últimas horas la creación de una mesa de diálogo previa a la presentación del anteproyecto gubernamental. De hecho, el IPF ha presentado en la mañana del lunes 13 una petición formal de mesa de diálogo ante el Ministerio de Justicia. La sociedad civil pedía, de esta forma, establecer un cauce de diálogo para poder alcanzar un texto "eficaz y bueno", en palabras de Fernández de la Vega.

 

Sin embargo, el diálogo se ha roto y el Gobierno ha decidido apretar el paso en un asunto que permitirá colocarse la medalla de "progre" sin memoria económica. El anteproyecto que presentará el Gobierno el próximo viernes agilizará los diferentes trámites administrativos, aunque López Aguilar matiza que el tiempo final del procedimiento dependerá de la saturación de cada juzgado.

 

El Gobierno incumple, de esta forma, su famosa apertura al diálogo y practica el "diálogo de hechos consumados". Y estos hechos consumados consisten en eliminar las previsiones del anterior legislador para buscar la reconciliación familiar en bien de la estabilidad familiar de los hijos. No es una utopía. Cerca del 30% de las actuales separaciones no terminan en divorcio. Según las estimaciones del IPF, un porcentaje elevado de estas separaciones se convierten en reconciliaciones. Una reconciliación que se hará mucho más difícil una vez que la disolución del vínculo se agilice.

 

Además, el Gobierno hace caso omiso a las reiteradas sugerencias del Consejo de Europa para promover los Centros de Orientación de Familiar con el fin de procurar la reconciliación familiar. Según el sociólogo Amando de Miguel, el Gobierno debería de invertir en psicólogos especializados en crisis matrimoniales para tratar de recuperar la estabilidad familiar.

 

Pero nada de esto veremos en un Gobierno que tiene prisa por ofrecer a la ciudadanía algún producto diferente a la revisión del pasado. Agárrense que vienen curvas.