En el mes de marzo, el Gobierno deberá proceder al reparto de cuotas de emisión contaminante. Según se acerca la fecha, se eleva la tensión. Iberdrola se mostró partidaria del cumplimiento de las exigencias de Kyoto. "Nosotros hemos hecho los deberes y exigimos que se aplique la disciplina sobre el resto", vino a afirmar el consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados de la eléctrica "vasca".
Pero el resto no está por la labor. Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico insisten en que la producción de energías de régimen especial es muy costosa y ha supuesto un incremento de 1.000 millones de euros al consumidor. O sea, tocando la fibra sensible. El otro tendón de Aquiles es la garantía del suministro. Las tres eléctricas "díscolas" creen que las renovables no solucionan el problema de abastecimiento y los riesgos de apagón alertados la semana pasada por la Comisaria de Energía, Loyola de Palacio.
Por si fuera poco, Arcelor insiste en su proyecto transcontinental, según el cual trasladaría su producción siderúrgica fuera de Europa, en caso de aplicarse el Protocolo de Kyoto. Dicha migración supondría una importantísima pérdida de empleos, manteniendo en Europa aquellos de mayor valor añadido. Kyoto se ha convertido en una patata caliente para Bruselas similar a la de los fondos de cohesión. Porque la aplicación del famoso protocolo supondría también una merma de competitividad de las naciones entrantes, más contaminantes que los actuales miembros de la Unión Europea.