El esperado Plan Nacional de Asignación de Emisiones ya está aquí. Es el documento que refleja la aplicación en España del Protocolo de Kyoto y de la Directiva Europea sobre emisión de gases contaminantes. Y lo hace en dos fases: un lapso de adaptación (trienio 2005-07) y otro de aplicación plena del Protocolo, a partir de 2008 y con fecha de revisión en 2012.

 

La pugna se había centrado entre la postura de Iberdrola, más proclive a Kyoto, dado que ha invertido mucho más en energías de ciclo combinado y renovables, y el resto del sector, capitaneado por Endesa, que posee más producción de carbón. Iberdrola pedía para ese trienio 209 millones de toneladas, mientras Endesa y Fenosa reclamaban 290. Pues bien, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado 260 millones de toneladas.

 

Mucho más duro será el Plan a partir de 2008. En ese momento, y con 2012 como objetivo, España deberá haber reducido sus emisiones de gases contaminantes hasta un 24% más que en 1990. La verdad es que la Directiva hablaba del 15%, por lo que la diferencia se sufragará plantando árboles y comprando derechos de emisiones a terceros países, a los que les sobran. Lo más sangrante es que España tendrá que pagar derechos a países como Alemania, que, a pesar de su mayor nivel de vida y a pesar de que contamina más, negoció mejor y le sobran derechos de emisión.