Según Acerinox, es el problema más grave de la economía española actual
Victoriano Muñoz, presidente de Acerinox, es uno de los industriales más respetados de España. A fin de cuentas, preside una sociedad que se ha convertido en la tercera empresa mundial en producción de acero inoxidable. En la mañana del jueves 10, Acerinox ha celebrado su Junta General de Accionistas y, aprovechando la efeméride, la empresa ha analizado la influencia del Protocolo de Kyoto en la sobre-emisión de gases contaminantes en la industria española.
Victoriano Muñoz ha estado sorprendentemente duro en sus apreciaciones. Así, ha afirmado que la aplicación estricta del Protocolo de Kyoto en sus actuales términos, justo lo que pretende el Gobierno Zapatero, "puede llevarnos a una segunda reconversión industrial". Por de pronto, Muñoz afirma que Kyoto no ha sido firmado por el número de países que el propio Protocolo considera porcentaje mínimo para ser aplicado. No ha firmado Estados Unidos, pero tampoco Rusia ni China. Sin embargo, "
Lo cierto es que si el PSOE es culpable en empeñarse en cumplir Kyoto, el Partido Popular, y en concreto su ministra de Medio Ambiente en 1996, Isabel Tocino, es culpable de haber echo mal los cálculos de crecimiento de la economía española. En este sentido, Muñoz recuerda el absurdo que supone que a Alemania se le concedieran más derechos de emisión que a España. En Acerinox consideran que, a fecha de 2001, España era el país que más incumplía Kyoto de toda
Al final, según el presidente de Acerinox, está claro que España no va a poder cumplir con sus compromisos de Kyoto y que tendremos que comprar derechos de emisión a países como Alemania, Francia y Luxemburgo: "En lugar de recibir dinero de Europa, vamos a pagar a Europa". O dicho de otra forma: "Kyoto es el problema más grave de la economía española".
Las sorprendentes y muy duras reflexiones de Muñoz llegan en vísperas de que España presente su Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisiones contaminantes, que deberá presentarse en Bruselas antes del 1 de agosto. Muñoz confía en que la promesa del ministro de Industria, José Montilla, partidario de cumplir Kyoto pero sin que las empresas españolas pierdan competitividad, se traduzca en una cierta marcha atrás que no perjudique en exceso a la economía española.