Todo comenzó en mayo de 2010, cuando Hacienda de Francia comunicó a la española que Emilio Botín y su familia se encontraban en el listado de personas que tenían dinero en Suiza y no lo habían declarado entre 2005 y 2009. La Agencia Tributaria pidió a los Botín las declaraciones de ese período, pero cuando le fueron entregadas se declaró "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces" y traspasó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Desde allí es desde donde ha sido denunciado el caso a la Audiencia Nacional, que acaba de admitir el expediente a trámite. El auto hace referencia a Emilio Botín y a sus hijos y a Jaime Botín y sus hijos. La Audiencia Nacional investigará si hubo delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
Hasta ahora, Emilio Botín ha salido intacto de los tribunales. Declaró como imputado en el caso de las indemnizaciones a Amusátegui y Corcóstegui, un caso en el que el principal damnificado, el Estado, no puso toda la carne en el asador por medio de la Fiscalía y la Abogacía.
El consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz, no ha tenido tanta suerte. Fue condenado por el caso Olabarría Delclaux, pero se esperaba un indulto que no acaba de llegar. Las autonómicas han puesto las cosas muy difíciles al Ejecutivo. Alfredo quiere caer bien a todos y su potencial electorado está muy pendiente de lo que Interior haga con el movimiento 15-M. El Gobierno Zapatero quiere ofrecer su perfil más cercano a la izquierda, por lo que el indulto no sería la mejor campaña de imagen.
El nuevo caso Botín tampoco ayuda. El presidente del Santander ha sido el principal apoyo de Zapatero en el mundo financiero. Por el momento, uno de los argumentos de Botín aparecía en Expansión nada más conocerse la noticia: el banquero recurre a la memoria histórica y asegura que la cuenta del banco suizo fue abierta en 1936 cuando su padre salió de España huyendo de la guerra civil.
Mariano Tomás
mariano@hispanidad.com