Consideran que es una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta  a las directivas comunitarias

 

También denuncian la arbitrariedad e inseguridad jurídica del anteproyecto.

El actual Gobierno quiere meterse en otro jardín por el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación. Muchos se han mostrado en contra, y eso que todavía no ha salido a la luz el anteproyecto, pero los visos que ofrece no son nada positivos. Ya el Consejo General del Poder Judicial mostró ciertas inquietudes. Pero bastaría con recurrir a la simple casuística para prever muchos problemas en su aplicación y numerosos problemas legales. Pues piensen que ante cualquier decisión se puede alegar discriminación: cualquier rechazo a un musulmán, homosexual, hombre o mujer, o discapacitado puede verse como una discriminación. Y se podría alegar esa condición, aunque no fuera el motivo, para denunciarlo. Los juzgados se van a llenar de demandas y legalmente es muy complicado defenderse. ¿Cómo puedes defender que no has vendido a un chico musulmán un refresco en tu negocio porque insultó el otro día a tu mujer? Simplemente se te acusaría de quebrantar la ley de Igualdad de Trato. Un desastre.

Pero ahora han sido las patronales del sector educativo privado y concertado, así como algunas confederaciones de padres y los sindicatos FSIE y USO, las que han mostrado su rechazo a este anteproyecto. En primer lugar, se teme por el choque que este anteproyecto pueda provocar con el respeto a otros derechos y libertades fundamentales como la protección de la intimidad, la vida familiar y la libertad religiosa. También muestran su preocupación porque puede afectar al derecho fundamental a la educación, al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres o a leyes que regulan la libertad de expresión e información. Sin embargo, lo que más preocupante es el hecho de que obligará a "titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad" -no hay más que recordar la denuncia contra un profesor por un alumno musulmán por hablar sobre el jamón en clase-.

Lo que el sector educativo espera, y como él, todos los españoles es que "su desarrollo se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno". Sin embargo, los últimos años nos muestran que eso es lo que menos importa al actual Ejecutivo.

Juan María Piñero

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