La recesión económica no solo está golpeando a nivel personal, sino que estos 5 millones y medio de gente sin empleo significan un importante descenso de dinero de los impuestos a la Seguridad Social y por tanto a las arcas del Estado.
La nueva ley que se quiere aprobar, para remediar esta situación, es aumentar los impuestos sobre las personas que den trabajo a un empleado de hogar, equiparando, lo que estas personas ya pagan a la seguridad social, a lo que paga cualquier empresa por un trabajador en nómina.
Sería bueno que los legisladores contemplaran que, excepto una minoría cada vez más reducida, quiénes son los que se pueden permitir ese lujo.
No hace falta ser un experto en cuestiones sociales, para contemplar y ver que a menudo, es la necesidad física de la vejez, la que hace necesaria la ayuda de otra persona para poder moverse y seguir viviendo, sacrificando otras necesidades de sus modestos ingresos.
Especialmente cuando la familia o la falta de ella, no pueden hacer más. Y qué decir del Estado, con su falta de ayudas y escasez de residencias.
Creo que antes de exprimir a esta población se deben encontrar otras salidas menos vergonzosas.
Julia Tatay