Pero la verdad es que el Partido Popular no ha debido apartarse de su tramitación. Los catalanes de UDC, dirigidos por un personaje como Durán Lleida, que no figura en mi galería de políticos admirables -por el momento la galería está vacía, pero nunca pierdo la esperanza- fueron mucho más listos: quiere usted hacer justicia con los ejecutados: pues repare en los católicos asesinados por su fe. Y así, desde un texto inicial que pretendía convertir el Valle de los Caídos en un parque temático, se puede llegar a otro final, si no entusiasmante, al menos aceptable.
Porque no es verdad que ZP hay convertido en ley "la memoria de media España contra la otra media", como afirma El Mundo. Seguramente lo pretendía, porque gozamos en la piel de otro, de un presidente tan rencoroso como insensato y, en ocasiones, tan ignorante como siniestro. Pero, al parecer, el asunto puede ir por otros derroteros.
Y es que, ciertamente, también los sublevados cometieron bestialidades, y los familiares de sus víctimas merecen un consuelo. El rencor muere 24 horas después del fallecimiento del sujeto agente, pero, con todo, hay que aprender a perdonar, y contra el resentimiento, el único remedio no puede ser la amnesia. Sólo el resentido utiliza la historia como arma.
Ahora bien, una cosa es que el PP se equivoque y otra que la progresía patria aplique la equidistancia. Si le dejaran, ZP no aplicaría la tal equidistancia sino que, sencillamente, se iría al otro extremo. Pero el padre Gabilondo es otra cosa. En la noche del martes, el último moderado, nuestro sensato comentarista del Grupo Polanco, nos explicaba que si la Iglesia proclamaba mártires a los sacerdotes asesinados por los milicianos por defender su fe, era de justicia el homenaje civil a aquellos que murieron por defender la legalidad.
Veamos. En primer lugar, en una guerra hay muertos y hay asesinados, que no es lo mismo. Cuando socialistas, comunistas y anarquistas quemaban iglesias y asesinaban a sacerdotes religiosos, o simples laicos lo hacían por odio a la religión, es decir, conculcando la legalidad de un sistema democrático que, en teoría, protegía la libertad de creencias y de culto. Insisto en que Franco no hubiera ganado la guerra si la muy democrática república, desde su mismo ascenso al poder (los incendios de monasterios las matanzas de cristianos comenzaron ya en mayo del 31) hubiese respetado la fe del pueblo.
En segundo lugar, la inmensa mayoría de los asesinados, pro ejemplo, en Paracuellos del Jarama, no eran golpistas rebelados contra el régimen establecido, sino militares y civiles fusilados por ser "de derechas". Seguramente, la Futura Ley de Memoria Histórica dedicará grandiosos y duraderos homenajes a los masacrados en Paracuellos. Los presidirá Santiago Carrillo, hombre de mucha concordia.
En tercer lugar, el término legalidad es de dudosa interpretación, aplicado a la II República controlada por partidos que pretendían la revolución leninista, y que sólo utilizaban la frágil democracia del régimen como trampolín hacia la dictadura del proletariado. Y no estoy hablando de elementos extremistas: a Calvo Sotelo no le asesinó un guardaespaldas del leninista Largo Caballero, sino del socialdemócrata Indalecio Prieto, del que Felipe González o Zapatero se sienten herederos naturales.
Por tanto, ni hay equidistancia entre los mártires del 36 y los republicanos muertos en el campo de batalla -muertos éstos, asesinados aquéllos- ni se puede admitir la simplonería de afirmar que los republicanos eran los "legales" mientras a los franquistas les tocaba el papel de "golpistas".
Estas dos peculiaridades constituyen síntomas de muy mala memoria, puro Alzheimer.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com