El banquero más importante de España, Emilio Botín, presidente del Santander Central Hispano (SCH), cumplirá en octubre 70 años de edad. Es la recta final de su larga trayectoria profesional como banquero. Y esa recta final, y el propio futuro del banco, está marcado por los tres miuras (más bien habría que decir vitorinos) que tendrá que lidiar.

En primer lugar, los presuntos delitos fiscales por las cesiones de crédito. Trece años se lleva trabajando en el caso y esta misma semana se tramitarán todo el sumario (llevan tres meses haciendo fotocopias) a las acusaciones: Iniciativa per Catalunya y la Asociación de Defensa de Inversores y Clientes. Luego, las partes deberán establecer sus conclusiones y la juez dictaminar la apertura de juicio oral.

Mucho menos tiempo lleva en marcha el caso de las indemnizaciones del ex presidente José María Amusátegui y el ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui. La acusación dictamina aquí delito social, o en román paladino, que Botín utilizó dinero del banco (154 millones de euros en total) para que dos personas le dejaran el campo libre.

En este punto, Botín ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). La verdad es que del TC puede esperarse cualquier cosa, pero suspender el juicio de las actuaciones, en plena fase de instrucción, resultaría un tanto fuerte, hasta para el presidente, Jiménez de Parga. Dicho de otra forma, supondría una excepción a la práctica jurídica habitual.

En definitiva, lo más probable es que cuando en junio se celebre la Junta General de Accionistas del primer banco del país, ya sepamos si el señor Botín se sienta en el banquillo de los acusados y en condición de qué.

Y esta es una cuestión clave, porque el Real Decreto 1245/1995 especifica en su artículo 2 que no podrán ser consejeros bancarios quienes carezcan de honorabilidad comercial y profesional. ¿Qué se entiende por honorabilidad comercial? Lo explica el párrafo segundo del mismo artículo, donde se especifica que se entenderá carente de dicha honorabilidad quienes "se encuentren procesados o se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública".

Ahora bien, el Banco de España ha interpretado la norma en el caso de los Albertos (Banco Zaragozano y caso Urbanor), y ha decidido que un banquero sólo habrá perdido su honorabilidad, es decir, sólo tendrá que dimitir cuando haya condena, no imputación. Por cierto, Alberto Alcocer y Alberto Cortina abandonaron la Presidencia del Zaragozano. Ahora es el hijo del segundo, Alberto Cortina Koplowitz, quien se incorpora al Consejo de Barclays España.

En cualquier caso, la apertura de juicio oral, tanto en el asunto de las cesiones de crédito como en el presunto delito social por los casos Amusátegui y Corcóstegui (como decía aquel, últimamente la Audiencia Nacional parece la delantera del Atlhétic de Bilbao), no deja de constituir un serio peligro para la Junta de Accionistas del Santander.

Pero es que hay un tercer reto, renacido ahora tras la decisión del Tribunal Constitucional, que ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid que reabra el juicio por el que condenó al financiero Jacques Hachuel (el hombre que prometió no morirse hasta ver a Botín en la cárcel) a pagar un crédito de 45 millones de euros más intereses, que tenía con Banesto. Considera el TC que no se realizaron las diligencias necesarias por lo que el condenado quedó en situación de indecisión. El caso hace referencia a un aparcamiento de acciones (curiosamente, entre otros, del paquete de acciones de Banesto en manos de Juan Abelló, hoy vicepresidente del SCH) y por sí mismo no cambia la historia. Pero, eso sí, puede sentar un precedente en todo el caso Banesto, porque, en efecto, podríamos decir que fue un caso juzgado por magistrados no especialmente competentes, apoyados por los peritos del Banco de España que se ocuparon lo suyo de inflar el agujero de Banesto (tampoco era necesario, el agujero real y las prácticas de Mario Conde habrían dado para una condena ejemplar). En pocas palabras, la eterna reclamación de Rafael Pérez Escolar, asimismo condenado en el caso Banesto, de un segundo juicio por otra instancia judicial, no se ha cumplido. Cuando llegue ese segundo juicio, los precedentes de Hachuel, así como los "Carburos Metálicos", a los que luego haremos referencia, pesarán en el ánimo del Tribunal. Resulta que el Gobierno Aznar (el pasado 26 de diciembre) aprobó la ley por la que se implantará en España el llamado Convenio de Nueva York (1964), por el que todo acusado tiene derecho a un segundo juicio. Ésta es la cuestión.

La sentencia del TC no podía ser obviada, pero llama la atención el cuidado exquisito que los medios informativos especializados han puesto en demostrar que la resolución del TC nada cambia en el caso Banesto. Y eso no es cierto.

Un detalle sobre la metodología en el caso Banesto se dejó ver durante la reciente Junta de Accionistas de esta entidad. Como se sabe (caso Banesto), el famoso agujero de los 3.606 millones de euros (600.000 millones de las antiguas pesetas) albergaba un sumando llamado "Carburos Metálicos". En otras palabras, la división de ferro aleaciones de Carburos fue vendida por Banesto a Juan Miguel Villar Mir, hoy en OHL y socio de Corcóstegui y de los hermanos Rodríguez Inciarte por 17.500 millones de pesetas, unos 105 millones de euros. En definitiva, que ese dinero fue aportado por el erario público a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Sin embargo, ese préstamo estaba bien apuntalado, y Villar Mir lo ha pagado religiosamente. Así lo reconoció en la Junta celebrada hace un mes, a los diez años de la intervención de Banesto, el actual secretario del Consejo de Banesto, Rodríguez Cantarero. Por decirlo de otra forma, Banesto, es decir, Botín, ha cobrado ese crédito dos veces.

En definitiva, que operaciones como las de Carburos han resultado un chollo para Emilio Botín, comprador de Banesto, hoy presidido por su hija, Ana Patricia. Si todo se revisara ahora... pues nos encontraríamos con otro caso Rumasa.

Dicen en Casa Botín que las peripecias judiciales del presidente no le afectarán. Eso sólo demuestra el optimismo congénito del género humano. En cualquier caso, lo que está en juego en el caso Botín no es la Presidencia del SCH o el futuro del hombre más rico de España, sino la igualdad de todos ante la ley, aquello de "al villano como al señor".