El Instituto de Política Familiar informa que el presidente del IPF de Cataluña, Liberto Senderos, ha criticado el anuncio de la Generalitat de que quiere financiar total o parcialmente -en mayor cuantía que hasta ahora- los abortos que se realicen en los centros sanitarios de Cataluña, ya sean públicos o privados.

Mientras el tripartito quiere fomentar el aborto con los impuestos de los catalanes -ha dicho- la sanidad catalana sigue sin cubrir muchas prestaciones a favor de los pacientes, y continúan las listas de espera y la masificación en los centros sanitarios. En lugar de ayudar a las mujeres a poder tener sus hijos y prestarles una adecuada asistencia social, parece querer convertir a Catalunya en el paraíso del negocio del aborto, hasta convertirla en destino turístico internacional para tan letal actividad. 

Además recordó que se ha dedicado a subvencionar su práctica fuera de los supuestos permitidos por el Código Penal y a hacer publicidad de algunas de las clínicas investigadas por la justicia, como es el caso de Ginemedex.

El Gobierno de la Generalitat debería aclarar hasta que cifra quiere superar los 21.976 abortos que se realizaron en Catalunya en el 2006, y si con 60 niños abortados diariamente no cree que ya es suficiente.

Igualmente ha denunciado la connivencia del Departament de Salut con las asociaciones de planificación familiar y las clínicas acreditadas para practicar abortos, así como sus contactos con grupúsculos feministas radicales carentes de representatividad. Prueba de esto último es que la concentración celebrada en Barcelona a favor del aborto libre sólo consiguió reunir a unas pocas decenas de personas, a pesar de haber sido convocada por 50 entidades y con gran apoyo mediático, hecho que demuestra su falta absoluta de representatividad, y la no aceptación de sus reivindicaciones por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Por todo ello ha pedido la inmediata retirada de cualquier financiación pública de los abortos, la inspección de los centros donde se realizan y la derogación de la actual regulación, a fin de garantizar el derecho a la vida. También ha reclamado que exista una red de ayuda a las mujeres embarazadas para que puedan tener y mantener a sus hijos, y que se subvencione a las entidades que les prestan apoyo.

Finalmente ha llamado a los ciudadanos a que rechacen esta iniciativa y se movilicen para defender el derecho a la vida de los no nacidos.

Instituto de Política Familiar

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