Profesores y políticos argumentan con la Carta Magna en la mano Si aún no teníamos suficiente con el embrollo que está generando la polémica Educación para La Ciudadanía, ahora se ha reabierto el tema en torno al bilingüismo en España, aunque el debate ya colea desde enero de este año.

1. El caso gallego. Ante la enorme cantidad de ilegalidades que se cometen al implantar las Autonomías la dictadura lingüística en los colegios, conculcando libertades fundamentales establecidas en la Constitución, y dado que los Partidos Políticos, según se reconoce expresamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1990, están legitimados para recurrir al recurso de amparo, se solicita que ejerzan dicha legitimidad recurriendo el decreto de la Xunta de Galicia que impone el gallego en el 50% de las asignaturas y solicitando la suspensión cautelar del mismo. Durante la enseñanza primaria y secundaria sólo se tiene que impartir en castellano las materias de lengua y literatura españolas, mientras que el gallego será obligatorio en matemáticas, conocimiento del medio, educación para la ciudadanía, ciencias naturales, geología, biología, física, química, ciencias sociales, geografía e historia, lengua y literatura gallegas.

Es evidente que cabe interponer el recurso de amparo frente a vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales reconocidas en los artículos de la CE, siendo además muy amplia la legitimación para recurrir en amparo, ya que esta vía queda abierta a toda persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo.

Por su lado, los departamentos de Lengua castellana y Literatura de los Institutos de Enseñanza Secundaria (I.E.S) en Galicia, Sánchez Cantón, Valle Inclán y A Xunqueira nº 1, dirigieron un escrito ampliamente documentado a la inspección de E.M en el que rechazaban, por ilegal, la petición de que presentaran obligatoriamente en lengua gallega la programación didáctica de sus asignaturas.

Dicho escrito fue ampliamente respaldado por el profesorado de otros Institutos y en él se recordaba las sanciones penales a las que se podían hacer acreedores los titulares de aquellos poderes públicos que infringieran deliberadamente las normas legales o intentaran imponer normas de menor rango contradictorias con las de rango superior, contraviniendo la jerarquía normativa establecida en la Constitución.

También debería exigirse la preservación del derecho de libre expresión en español que le asiste al alumnado, siendo ilegal que cualquier profesor exija al alumno que se exprese en gallego, (salvo quizás en la asignatura de dicho idioma).

2. El modelo totalitario catalán. La ministra Mercedes Cabrera dice, en efecto, que «el recreo se considera una actividad educativa integrada en el horario lectivo del alumnado y, por lo tanto, se tienen que respetar también los principios del proyecto educativo». Algunas asociaciones y profesores sospechan que la Generalitat puede plantearse un silogismo cuya conclusión es fácil: si la hora del patio es lectiva, y la «lengua vehicular» de toda la enseñanza en Cataluña es el catalán, entonces el catalán es la lengua vehicular del recreo.

Por ello, esos grupos denuncian que puede ocurrir que se quiera controlar desde las instituciones el idioma que se utiliza en el patio. Pese a que la Generalitat siempre lo ha negado, Francisco Caja, profesor universitario, presidente de la plataforma Convivencia Cívica Catalana e impulsor de una Iniciativa Legislativa Popular que defiende el bilingüismo en las escuelas, lo tiene claro: «Esta medida significa que los niños están sometidos a vigilancia y control lingüístico».

La diputada del PP en el Parlament encargada de temas de Educación, Carina Mejías, sostiene que el debate que se abrió por la tercera hora de castellano que introdujo, en diciembre de 2006, el primer decreto de Enseñanzas Mínimas de la ministra Mercedes Cabrera ha sido aprovechado para profundizar en el sistema de inmersión lingüística.

«Lo único que hizo el Gobierno español es ejercer sus competencias en materias troncales» y asuntos de ordenación curricular, sostiene la diputada popular. Sin embargo, el hecho de que el nuevo Estatuto otorgue también algunas de esas competencias a la Generalitat ha provocado «interpretaciones torticeras» por parte del Ejecutivo catalán. Con todo, Mejías cree que el consejero de Educación, Ernest Maragall, ha sido una víctima del proceso. «CiU, y sobre todo ERC, presionaron a Maragall, que retorció los argumentos para no incumplir la normativa básica del Estado», apunta.

Hora de castellano. En cuanto a las dos horas y media a la semana de recreo, Mejías tiene una opinión diferente acerca de cómo usa la Generalitat en su propio beneficio el hecho de que se considere horario lectivo.

Vuelta de tuerca. El propio presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, dijo en julio que «mientras el catalán continúe siendo una lengua en desventaja con respecto al castellano, y todavía lo es», el Gobierno catalán «pondrá en marcha medidas de discriminación positiva hacia nuestra lengua, que es el catalán».

La diputada del PP también cree que el hecho de que los partidos nacionalistas se rasgaran las vestiduras al conocer que, según las órdenes del Ministerio, los niños catalanes pasarían de dar dos horas de castellano a tres supuso una especie de chantaje al consejero. «Es exagerado decir que el decreto del Gobierno ponía en crisis el sistema. Es evidente que con dos horas de estudio semanal no se puede aprender una lengua», asegura.

Al igual que sucede en el comedor de algunos colegios, o en las clases de gimnasia, la diputada popular sospecha que los centros podrían «escudarse» en esas horas en las que «los niños eligen libremente la lengua en la que se relacionan» para añadirlas al recuento de horas cursadas en castellano durante la educación primaria.

Y así, entre dimes y diretes, entre reformas posibles y entre palabras vacuas, por el momento, el idioma español sigue con la herida abierta.