La verdad es que el bluf de la Ley de la Economía Sostenible, es eso, un bluf. En realidad, más de lo mismo a lo que se suma el impuesto revolucionario de los 20.000 millones para financiar proyectos de inversión en sectores con futuro como el I D, la internacionalización de las empresas o las residencias de ancianos. Zapatero ha recuperado la amenaza de Salgado de antes de verano para confirmar que las entidades financieras aportarán la mitad de los 20.000 millones de euros del Fondo de Economía Sostenible. Es decir, recuperamos los viejos y denostados coeficientes de inversión obligatoria. Por otra parte, están las entidades financieras como para bromitas planificadoras e intervencionistas.
Pero es que fuera del famoso fondo, no hay nada. Veamos, Zapatero anuncia que se reducirán las cargas administrativas, pero eso ya estaba anunciado en la directiva Bolkestein, que España tiene obligación de transponer. Además, se reformarán los organismos reguladores, un compromiso de Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación al igual que el cheque-transporte -una de las patas de la economía sostenible- o la rebaja de la fiscalidad para aquellas pymes que creen o mantengan empresas. En materia de I D ha hecho una vaga mención a la regulación de las patentes, única novedad. Y finalmente ha metido en la coctelera el transporte por ferrocarril, que ya había vendido Fomento y las empresas de servicios energéticos que ya había vendido Sebastián. Conclusión, novedades, nada de nada.
Sobre la fecha, Zapatero ha anunciado que llevará el proyecto de ley al Consejo de Ministros del 15 de octubre y que convocará una Conferencia de Presidentes para finales de octubre. Así que ahora toca correr y perfilar. Pero desde el 12 de mayo que se anuncia, la ley está y sigue vacía. Salvo la bolsa para primar a los amiguetes del Gobierno. Mucho peligro.