El pasado miércoles 18 de febrero la policía científica concluyó, en un informe de 23 folios, que la firma de Pedro Sentieri de la carta supuestamente remitida a Julio San Martín era auténticamente suya. Se trata de la carta fechada en Valencia el 2 de octubre de 2.000 a la que hacía referencia elconfidencial.com el pasado 3 de febrero, en la que el querellante del caso Urbanor, Pedro Sentieri, le sugiere al también querellante Julio San Martín que "no es pertinente aclarar que descartamos lo del Banco Central".

Hagamos un poco de historia. Los kuwaities supuestamente ofrecieron dos precios por Urbanor: 150.000 pesetas por metro cuadrado, si el pago era al contado, o 231.000 si el pago se producía a través de acciones del antiguo Banco Central. Los de la gabardina optaron por la segunda opción creando "Cartera Central", mientras que los querellantes Santieri y San Martín prefirieron, aparentemente, el pájaro en mano. Sin embargo, pasados cinco años -"para evitar el delito fiscal", según el entorno de los Albertos- Santieri y San Martín se querellaron contra los primos por estafa. 

La resolución del caso es conocida. Los Albertos fueron juzgados y sentenciados por la Audiencia Provincial por delito de estafa y falsedad de documento mercantil, lo que les obligó a abandonar la copresidencia del Banco Zaragozano, tal y como ordena la normativa bancaria. Sin embargo, su ingreso en prisión se encuentra en suspenso tras el recurso presentado por los afectados ante el Tribunal Constitucional.

El caso podría haber quedado cerrado, si no fuera porque el pasado 8 de abril de 2003 Gloria Álvarez Aguarón recibe la misteriosa misiva en su buzón de correos. Cual buena ciudadana decide poner en conocimiento de la justicia el documento y entrega la carta ante la Fiscalía General del Estado al día siguiente. Jesús Cardenal remite la carta a la Fiscalía de Madrid el 14 de mayo del mismo año y la Fiscalía decide abrir una diligencia de investigación para conocer la realidad antes de dar ningún paso judicial sin visos de prosperar.

Tras las diligencias de investigación, la Fiscalía de Madrid considera que la carta podría ser constitutiva de delito y decide remitirla a los juzgados de la Plaza de Castilla para que entre en el reparto. La "agraciada" titular del juzgado nº 11, Concepción Azuara, advierte de la existencia de indicios racionales de delito de falso testimonio y decide imputar el pasado 10 de octubre tanto al autor, Pedro Santieri, como al remitente, Julio San Martín. Unos meses después, el 28 de enero de 2004, los Albertos optan por personarse como perjudicados en la acusación particular.

En el juicio, Santieri niega la autoría de dicha carta y la validez de su firma. La jueza decide entonces enviar la prueba a la policía científica para que remita al juzgado un informe pericial. Y aquí llegamos al informe del pasado miércoles 18 de febrero de 2004, en el que se confirma la autoría de Santieri, lo que podría poner patas arriba el asunto Urbanor. Si la juez resuelve que Santieri y San Martín incurrieron en falso testimonio, el caso Urbanor ya juzgado en la Audiencia Provincial podría reabrirse por recurso de revisión ante la aparición de nuevas pruebas desconocidas hasta la fecha.

Pero vayamos a las pruebas. La famosa carta llega a la sede judicial por conducto de una buena ciudadana, Gloria Álvarez Aguarón, que "curiosamente" conocía el caso Urbanor porque había trabajado en Documentación de Presidencia del Gobierno. Un viaje un poco largo y pelín complejo...

En cuanto al contenido de la carta, supuestamente Santieri le instruye a San Martín sobre su actuación en la querella. "No es pertinente aclarar que descartamos lo del Banco Central, pero conviene decir que de haberlo conocido, habríamos entrado de cabeza". ¿En qué quedamos? ¿No es conveniente decirlo o conviene decir que habrían entrado "de cabeza"?

Pero Santieri continua: "No tenemos obligación de revelar que no queríamos vincular la venta a otra operación y que nos interesó el menor precio porque excluía compromisos". Sin embargo, Santieri insiste en la estafa: "Es cierto que nos explicaron las opciones de precio, pero esto no es suficiente porque la del Central la querían sólo para ellos. Repito que lo importante es que tenían la obligación de enterarnos formalmente y no lo hicieron, luego sin duda nos estafaron". Es decir, parece que Santieri sugiere que, aunque se les ofertó el doble precio, en la práctica no pudieron optar por el elevado por razones que no explica en la misiva. En cualquier caso, deberá ser la juez quien, a la luz del informe pericial, dictamine si hubo o no falso testimonio por parte de los imputados.