Con una deuda bancaria de 5.000 millones de euros, la inmobiliaria Martinsa Fadesa ha presentado concurso de acreedores, es decir, suspensión de pagos, provocando la histeria en todo el sector inmobiliario español. De pronto, los portavoces del negocio promotor han pedido al Gobierno Zapatero que presione a la banca para que endulce su postura.
Naturalmente, ni el Gobierno puede hacer tal cosa ni la banca le haría ningún caso. Es verdad que la crisis de liquidez ha provocado que los bancos endurezcan sus condiciones crediticias pero también es verdad que el negocio promotor siempre ha trabajado a crédito casi en un 100 por 100.
El caso de Martinsa es singular. Fernando Martín hizo su fortuna especulando con el suelo, el factor más inflacionista de la vivienda. Luego compró una inmobiliaria a Manuel Jove, Fadesa, que se la vendió en vísperas de la crisis.
El Gobierno no puede, por tanto, presionar a la banca, pero sí hacer frente a la crisis inmobiliaria que va a desatar la suspensión de pagos de Martinsa. No debe ayudar a la banca ni a las empresas en quiebra pero sí al consumidor. De hecho, el Gobierno Zapatero muestra una inacción peligrosa ante la crisis. Primero la negó y ahora no adopta ninguna de las dos posturas lógicas para combatirla: o la liberal, consistente en reducir los impuestos para que aumente el consumo, o la socialdemócrata, que apuesta por aumentar el gasto público para lanzar vivienda protegida o para obra civil.
Por el contrario, todo parece indicar que el vicepresidente Solbes optará por mantener la presión impositiva y reducir la obra pública. En definitiva, que sea el ciudadano, y no el Estado, quien se apriete el cinturón, la opción de política económica más conservadora.