Hace unos días me acerqué a una oficina de mi Gobierno autonómico para solicitar una subvención.
Me entregan unos impresos en catalán y cuando se los pido en español me dicen que es imposible porque todo lo tienen única y exclusivamente en catalán. Y es que lamentablemente la Generalidad nos impone a los ciudadanos en todo tipo de información el monolingüismo más absoluto de una de las dos lenguas oficiales. Por eso me parece cínico que ahora exija a las empresas, en este caso a las del sector del cine, que garanticen la libertad de elección lingüística de los ciudadanos.
Señores de la Generalidad, ¿cómo pueden amenazar con multas y exigir a las empresas tener disponibilidad lingüística en los dos idiomas oficiales cuando ustedes son los primeros que lo incumplen desvergonzadamente en todas sus oficinas?
María Herrero