No es la primera vez que la Generalitat intenta acallar la voz de la COPE. Ya lo intentó Jordi Pujol hace unos años y tuvo que recoger el rapapolvo de la justicia. En el caso actual puede ocurrir lo mismo. El CAC actuaría como entidad administrativa que en todo caso quedaría sometida a la tutela judicial efectiva. La COPE recurriría sus decisiones ante el Supremo pidiendo la suspensión de la actuación administrativa y en el peor de los casos recurriría al Tribunal de derechos humanos de Luxemburgo.
Es decir, no se una decisión inconstitucional, sino imprudente y de escaso talante democrático. La censura y la transparencia no suelen ir de la mano. Lo que sí puede ocurrir es que un CAC con competencias reforzadas sea incompatible con el actual marco regulatorio. Probablemente ese nuevo CAC necesite un Estatut más holgado y más amplio que permita encajar esas competencias. Y el problema es que ese nuevo Estatut no existe por el momento. Así que a lo mejor nos encontramos con el escenario de que alguien presenta un recurso y quizás lo gane. ¿A que Piqué no presenta tal recurso?