La guerrilla colombiana de las FARC han calificado de "absurda" la propuesta del Gobierno presidido por Álvaro Uribe de realizar "canjes humanitarios" de secuestrados por presos. Afirman no estar dispuestos a aceptar la imposición unilateral de cuántos y qué presos liberaría el Gobierno. Considera la propuesta de "irreal" y "carente de seriedad".
Todo un jarro de agua fría en un Gobierno que lleva meses meditando la propuesta. Para el presidente Uribe supone rozar la legalidad y renunciar al Estado de Derecho. Pero responde a la presión ciudadana, que pide más negociación y menos mano dura, según revela la encuesta Gallup de 28 de julio. Los analistas creen que Uribe podría estar cambiando su estrategia de "mano dura" que le llevo al Gobierno por un nuevo rostro de "corazón grande". En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría del 8 de agosto se apunta que un 63% de los colombianos apoyan el "canje humanitario".
Dicho y hecho. Hasta tres llamadas se produjeron durante el mes de agosto hasta que el pasado domingo las FARC dinamitaran a través de su web toda esperanza de salida dialogada. No obstante, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, los familiares de los secuestrados y
El Ejecutivo ofreció intermediación del Gobierno suizo, aunque el arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, se ha ofrecido también a intermediar. En cualquier caso, desde las bancadas conservadoras se observa la respuesta de las FARC como generadora de un escenario "sombrío e incierto". Así lo ve el representante conservador por Cundinamarca, Buenaventura León. Por su parte, el senador liberal German Vargas Lleras hace sangre con el revés gubernamental: "Pero, ¿qué esperaban?", se pregunta.
La negativa de las FARC a negociar evidencia que su verdadera voluntad es el desarrollo de la rentabilísima industria del secuestro, que, además, de generar ingresos, produce mucho más terror que los mismos atentados. Amedrentan a una población y humillan a sus gobiernos. ¿Para qué? Eso todavía no lo sabemos.