Ley de la Memoria Histórica: no es el momento

Sr. Director:

La Ley de la Memoria Histórica ha salido del trámite parlamentario pero envuelta de polémicas y debates. Es lógica esta situación cuando sus contenidos e intenciones afectan a las personas, a sus vivencias, a sus recuerdos, a sus parientes, a un conflicto bélico-fraticida y a diferentes formas de pensar.

Que la idea de esta ley es buena, no lo dudo y hasta la defiendo, aunque tal vez el momento actual y el procedimiento o tratamiento de los partidos son cuestionables.  Esta iniciativa legislativa venía demandándose desde años atrás, principalmente por un amplio sector progresista comprendido por republicanos, socialistas, comunistas y un largo etcétera, sobre todo por las asociaciones cívicas de familiares de las víctimas del bando a favor del Gobierno legítimo republicano tanto en la guerra civil como en la posterior represión de la dictadura franquista.

Cabe destacar o matizar de estas víctimas, que además de militares que murieron en el frente, hubo muchos civiles -niños, ancianos y mujeres, mayormente- que defendieron sus ideales y la legalidad vigente sufriendo penalidades como juicios sumarísimos por 'tribunales' castrenses -qué incongruencia, militares juzgando a civiles aplicando ordenanzas de un ejército golpista en lugar de leyes civiles- procesos irregulares y amañados carentes de garantías jurídicas y de derechos -algunos juicios incluso sin abogado defensor- cárcel, tortura y ejecuciones de muerte. Precisamente, esas irregularidades jurídicas demuestran la falsedad, la falta de transparencia y la actuación fuera de la ley de aquellos juicios. No es posible devolver la vida de las víctimas pero sí declarar 'nulos' e 'ilegales' los procesos de los tribunales franquistas y resarcir del olvido a quienes defendieron unos nobles ideales y la legalidad gubernamental del momento. Eso es lo que en mayor medida se pretende con la Ley de la Memoria Histórica. El vencedor bando franquista gozó de suficientes privilegios y reconocimientos. Justo es que ahora el bando de los vencidos tenga su reconocimiento.

Ahora bien, aunque en el preámbulo se alude a víctimas ideológica y religiosamente de derecha católica a manos de los republicanos -más bien anarquistas y algunos comunistas-, la mención textualmente parece insuficiente y demasiado leve o sutil, casi superficial. Al Partido Popular parece no agradarle -tampoco le gusta la ley entera, habría podido si hubiese querido, enmendarla entera con una enmienda a la totalidad- porque cree que no se recoge la casuística de quienes padecieron y murieron por apoyar el golpe de Estado franquista, por no ser republicanos, por su fe y devoción confesional o por pertenecer a la Iglesia católica. Igualmente, de forma global, para el PP, la Ley de la Memoria Histórica abre viejas heridas y vulnera el espíritu de concordia y de paz de la transición. En este sentido, Rajoy y los suyos se equivocan. La ley no atenta contra los logros de la transición. Es una excusa del PP para no reconocer en público su originario pasado filogenético franquista. Cierran los populares los ojos para no ver -como los monos de Gibraltar- desviando la atención con el asunto de la transición y negándose a equilibrar la memoria histórica -que estaba 'coja' a causa de la única aportación del recuerdo de los vencedores- con el reconocimiento a las victimas republicanas. Y no sólo ésto, el PP no presentó propuestas para 'enriquecer' el borrador de la ley, ni siquiera negoció con el Gobierno socialista de Zapatero aunque se empeñe en culpar a éste de no ofrecerle la posibilidad de negociar y consensuar el texto.

Si se hubiera deseado cerrar definitivamente cualesquiera de las heridas o equilibrar, habrían de estar en el texto las víctimas de ambos bandos, sin excepciones, sin exclusiones. La ley debería asimismo reflejar y reconocer más explícitamente -no sólo en el preámbulo, también en el articulado- a aquellos religiosos y seglares católicos víctimas inocentes de piquetes revolucionarios que sufrieron y murieron únicamente por llevar sotana o hábitos, por pertenecer a una orden religiosa e incluso por tener fe y devoción. Haberlos los hubo. Junto a estas víctimas se pueden contar campesinos minifundistas por el mero hecho de tener un trozo de tierra de su propiedad e ir a misa los domingos.

Si la Constitución de 1978 -mejorable y reformable, monárquica sí, prefiero una republicana pero es la que existe vigente y hemos de aplicarla- reconoce que nadie debe sufrir discriminación entre otras cosas por razones de ideas, creencias u otros aspectos personales; la citada Ley de la Memoria Histórica -que no puede vulnerar la Carta Magna ni sobrepasarla- no ha de discriminar a nadie defendiendo a las víctimas de los dos bandos. Frente a las posturas extremas de PP y PSOE -que apoya reconocer a los terroristas etarras en el texto, lo que no me parece idóneo- habría cabido una tercera solución intermedia o centrada. Para lograrla, el Gobierno tendría que haber concretado más su posición aceptando claramente a las víctimas religiosas y conservadoras , tendido la mano a la oposición  y admitido enmiendas. Y el Partido Popular -a pesar de ceder en 'desderechizar' el Valle de los Caídos- tenía que haber condenado públicamente el golpe franquista contra el Gobierno legítimo republicano, aceptado la legalidad de éste, renunciado a su pasado franquista, presentado enmiendas, participando en el texto definitivo de la ley y negociado consensuándola con el Ejecutivo. Tarea de ambos -Gobierno y oposición- y demás, que la ley no resulte parcial, porque, era posible una ley para todos. Si el PP hubiera querido, claro...

Josep Esteve Rico Sogorb