La gestación parlamentaria de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) empieza a resultar francamente divertida. Toda la presión realizada por los grandes editores agrupados en Gedeprensa (Prisa, Vocento, Unedisa, Recoletos, Godó, etc.) unidos al poderoso Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, al PSOE, sin apenas oposición del Partido Popular, desaparecido en combate, han dado como resultado justo lo opuesto a lo que se esperaba. Al parecer, diputados y senadores, sobre todo senadores, socialistas y de algunas minorías, como la canaria, han sentido vergüenza ajena, y han decidido que no hay que ceder al lobby editor, por muy poderoso que sea.

En otras palabras, si la ley que ha salido anteayer del Senado se convalida en el Congreso, los resúmenes de prensa, clipping, a pesar de lo que están contando los periódicos españoles, será totalmente legal. Habrá que pagar, sí, pero será legal, y no sometido a autorización previa como pretendían los señores de la prensa.

Y lo que es peor, la nueva Ley de Propiedad Intelectual introduce una idea tan estupenda como demoledora para los periodistas: será el firmante de un artículo quien poseerá y ejercerá los derechos de su artículo, y no el editor que le paga, diga lo que diga la inmensa mayoría de los contratos laborales en vigor en el sector prensa. El artículo clave es el 32: Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente, tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amarada por este limite.

De esta forma, se echa por tierra la teoría del Bufete de abogados Uría y Menéndez, que trabaja para los grandes editores, según el cual, un periódico es una obra colectiva. No lo es, salvo en aquellos textos no firmados. Por ejemplo, los editoriales, los anuncios, la bolsa, etc. Pongamos un 10% del contenido.

Encima, dos clipineros, Acceso y Mynews, firmaron un acuerdo con PRISA y Recoletos para comprarles sus contenidos, quizás esperando que la ley que saliera del Senado se correspondiera con sus intereses. Sin embargo, no ha sido así. Por esa razón, el acuerdo se vuelve ahora contra los firmantes.

El que peor ha quedado es el nuevo ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el látigo de los diputados socialistas. Prometió a los editores que arreglaría el desaguisado en el Senado y no lo ha hecho. Esto es grave.