Los salarios de los consejos han sido uno de los temas para la polémica durante la crisis. Los casos han sido especialmente sangrantes cuando las compañías como Lehman se hundían dejando a sus clientes colgados mientras la cúpula seguía reclamando sus bonus. Pero el simple hecho de que unos no trabajen y otros lo hagan en condiciones precarias contrasta con las altas remuneraciones de los consejeros y directivos.
En España, la salida del consejero del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, con más de 52 millones de euros de pensión también puso estas remuneraciones en la picota. No obstante, las remuneraciones a los consejeros activos en nuestro país ya han sido suficiente motivo de debate. Santander y Telefónica encabezan la tabla con 34 y 27 millones de euros respectivamente, lo que contrasta con las más ?humildes? de OHL e Iberia, de 1,4 y 1,6 millones de euros. Hasta la llegada de la Ley de Economía Sostenible, las empresas solo tenían obligación de declarar la totalidad de la remuneración y no lo que cobra cada consejero. Pero, para que se hagan una idea, un miembro del consejo del Santander cobra 1,7 millones de euros, no lejos de los 1,6 millones que cobra un consejero de Telefónica.
En todo caso, el escándalo resultaba clamoroso. Así que la CNMV se decidió a acelerar la regulación de las retribuciones de los consejeros. A quienes pedían satisfacción para una sociedad encendida por el agravio se les podía decir que, al fin y al cabo, cada empresa debe guiar sus políticas de remuneración como mejor considere. Pero a los accionistas, propietarios de esas empresas, se les estaba negando información individualizada sobre la remuneración de quienes dirigen la compañía y no se les daba oportunidad de decidir al respecto. Solo algunos, como Santander o BBVA, han publicado voluntariamente los salarios de sus presidentes y consejeros delegados, aunque la Junta de Accionistas no ha podido manifestarse al respecto.
Finalmente, la Ley de Economía Sostenible (LES), un cajón desastre que incluía desde el límite del déficit hasta las descargas en Internet, reguló la rendición de cuentas. El pasado martes 26, El País apuntaba contra la CNMV, a la que acusaba de hacer la vista gorda este año en lo que respecta al control de los sueldos de los consejeros.
Sin embargo es la propia LES la que ata de pies y manos a la CNMV para este año y para los que vengan. Por una parte, la directiva europea que origina este apartado de la LES señala que los salarios de los consejos deben adecuarse a la situación de la empresa, pero no quién los debe aprobar. Por otro lado, la LES sí habla del incremento de la transparencia, recogido en su artículo 27 y a través de la modificación de la Ley del Mercado de Valores, a la que se añade un pomposo artículo 61 bis que exige la individualización de la información sobre las remuneraciones. Precioso, pero todo queda desvirtuado inmediatamente por el artículo 61 ter, que en su punto 2 introduce tres palabras sobre la votación del Informe de Remuneraciones: "con carácter consultivo". Es decir, mucha transparencia, pero los accionistas siguen siendo un convidado de piedra: lo verás, pero no lo tocarás. Poco importa que este año no se voten las retribuciones porque, cuando el próximo año pueda hacerse, el mayor efecto de la votación es que la cúpula agradezca su opinión a los señores accionistas y siga decidiendo sus sueldos.
Rodrigo Martín
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