Lo malo de la autonomía universitaria es que los cátedros pueden llegar a creerse eso de la libertad de cátedra y emitir un informe que contradiga tus tesis. El gobierno ha defendido las bondades del acuerdo presupuestario de la Unión. Pero los expertos universitarios no opinan lo mismo y cifran la pérdida de empleo ocasionada por el recorte de fondos en 1.600.000.

Esta es la principal conclusión de un informe de catedráticos y profesores de Universidad expertos en el análisis de los efectos económicos de los presupuestos nacionales y comunitarios. Lidera el grupo Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la universidad de Castilla la Mancha. Además, forman parte del estudio Rafael Flores de Frutos, catedrático de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, José Félix Sanz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Santiago Rubio, profesor de la Universidad de Oviedo.

El estudio se realizó durante los meses de diciembre y enero. Hace dos semanas, la Fundación FAES tuvo conocimiento del informe y debido a su notorio interés general y su rigor académico han decidido publicarlo con membrete de la fundación presidida por Aznar.

El estudio se central en la pérdida de fondos, que calculan en 30.000 millones de euros, sin tener en cuenta la mayor aportación que deberá de hacer España al presupuesto comunitario, que se eleva en otros 13.000 millones de euros. El informe evalúa los efectos económicos de la pérdida de esos fondos medido en pérdida de PIB, pérdida de empleo, pérdida de capital público para infraestructuras y pérdida de capital privado para inversiones. Todo el análisis parte del dato de que las inversiones en infraestructuras derivadas financiadas con fondos comunitarias. Unas inversiones que han permitido una mejora económica, la creación de empleo y la dinamización de la inversión privada.

A su vez, el crecimiento del PIB y el empleo genera más recaudación, que permite financiar nuevas infraestructuras, que a su vez generan más PIB, más empleo, etc. En términos técnicos, el PIB, el empleo y las infraestructuras se retroalimentan, y generan además mayores inversiones privadas en paralelo, sostiene el estudio.

El modelo parte de los datos conocidos sobre recortes de fondos europeos. Parametrizando con los estudios conocidos sobre los efectos económicos de las infraestructuras, los académicos concluyen que España dejará de crear 1.600.000 empleos. Y no sólo eso. Teniendo en cuenta los efectos multiplicadores de la inversión y teniendo en cuenta que los valores se acumulan a lo largo de los años, cada empleado español, en media, perderá renta por más de 9.000 euros en el período, añaden.

Además, el informe analiza el impacto desglosado por CCAA. La conclusión principal es que las 17 CCAA pierden, aunque de manera bastante desigual. Por ejemplo, en términos de renta, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia pierden en conjunto12.800 millones de euros de PIB. No está mal si tenemos en cuenta que son las comunidades más pobres y en las que curiosamente gobierna el PSOE.

En términos relativos, la más perjudicada es Extremadura, que recortaría su PIB en un 14%, Castilla-León (más del 11% de su PIB), Murcia (pierde el 9,4% de su PIB), Asturias (9% menos de PIB), Canarias (pierde el 8,9% del PIB) y Galicia (merma del 8,5%).

En cuanto al empleo, la comunidad más afectadas sería Andalucía, con una pérdida de 270.000 empleos, seguida de Cataluña con 268.000, Madrid con 228.000 y Valencia, con 181.000 empleos menos. Les siguen Galicia con 92.000, Canarias 87.000 empleos, País Vasco 82.000 empleos perdidos; Castilla-León 73.000; Castilla-La Mancha 62.000 empleos perdidos; Murcia, 46.000 empleos menos; Aragón, 36.000 empleos perdidos; Baleares, 34.000; Extremadura, 33.000 empleos; Asturias, 30.000; Navarra, 21.000; Cantabria, 17.500 empleos; y La Rioja, 9.000 empleos perdidos.