La tarifa eléctrica, a debate en Intereconomía TV
La tarifa industrial ha subido espectacularmente en los últimos años. Y los grandes consumidores de energía eléctrica consideran que esta subida está mermando competitividad a la industria. Es más: consideran que la tarifa industrial está subvencionando a la tarifa doméstica. Al fin y al cabo, el Gobierno teme el voto de la casa, no de la industria. El problema es que todo tiene un límite. En primer lugar porque no estamos en el mejor momento para afrontar una pérdida de competitividad. En segundo lugar porque si la tarifa se dispara, la industria puede emigrar. Y no vuelve, advierten los grandes consumidores. Y en tercer lugar, la actual situación de incertidumbre sobre el coste de la energía, es el mejor escenario posible para que las inversiones extranjeras no lleguen.
El próximo 1 de julio subirá la luz. ¿Cuánto, suficiente, demasiado, cumplirá los compromisos electorales, qué pasará con el déficit tarifario? Todos estos temas serán analizados en El Club de la Palabra de Intereconomía TV el próximo domingo 8 de junio a las 20,30. Dirigido por Luis Losada, participará el presidente de UNESA, Pedro Rivero; el ex presidente de los grandes consumidores eléctricos, Javier Targhetta; el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas y el portavoz popular en la Comisión de Industria en el Senado, José Ignacio Palacios.
El polémico tarifazo eléctrico se destapó cuando al secretario general de Energía, Pedro Luis Martín Uribe, se le ocurrió señalar que las tarifas deberían revisarse en línea con lo marcado por la Comisión Nacional de la Energía: alrededor del 20%. Todas las alarmas se encendieron. Su ministro, Miguel Sebastián acudió en tiempo real para desmentirle señalando que la subida sería razonable.
Por supuesto, De la Vega, siempre dispuesta a apagar fuegos, también intervino desde su periplo africano para señalar que la revisión de las tarifas eléctricas sería razonada y razonable. Un argumento que posteriormente copió el presidente Zapatero.
Finalmente la CNE propone una subida del 11,3%, mucho menos que el 20% propuesto previamente, pero más del doble de la inflación actual, situada en el 4,7%. Los consumidores se encuentran en pie de alerta y el Gobierno se ve obligado a hacer complejos equilibrios. El vicepresidente Solbes es partidario de que las tarifas reflejen el coste real de la producción energética. Argumenta que siempre es mejor que paguen los consumidores que los contribuyentes. Y en cuanto al llamado déficit tarifario, el vicepresidente también ha defendido en más de una ocasión que siempre es mejor pagar ahora lo que se consume en lugar de dejar a deber para mañana lo consumido hoy.
El problema es que el PSOE se comprometió a no subir las tarifas más allá del IPC. Ahora el Gobierno se encuentra preso de sus propios compromisos. Pero además sabe que las subidas de tarifas son muy impopulares y que por si fuera poco podrían generar efectos inflacionistas. Y por si alguien se ha olvidado del detalle, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, recuerda que las tarifas eléctricas ya subieron un 3% a principios de este año. Sería una subida sobre otra subida, argumenta.
A todo esto, el actual entorno de profunda desaceleración es probablemente el menos adecuado para una brusca subida de la las tarifas. Especialmente entre los grandes consumidores que consideran que la liberalización de la tarifa a partir del próximo 1 de julio será la puntilla de su deteriorada competitividad.
No obstante, también es verdad que en la tarifa se han mezclado muchos elementos ajenos al coste como las subvenciones a los consumidores con menores recursos, el pago de las indemnizaciones por la moratoria nuclear, etc. Sebastián ha hecho un vago anuncio sobre su intención de llegar a presupuestos, lo que resulta ajeno a la tarifa.
Sin embargo, no es nada sencillo que Solbes acepte asumir costes no previstos a mitad de partido. Así que lo más probable es que la limpieza de la tarifa se quede a medio camino. El Gobierno probablemente opte por la solución aparentemente más fácil: extender la tarifa social convirtiendo la tarifa eléctrica en un elemento redistributivo más. Hasta que Bruselas se lo permita. Y no queda mucho tiempo.