Los bancos españoles los utilizan para realizar deuda subordinada. Unas acciones con remuneración prepactada que pueden alcanzar una rentabilidad de hasta el 7 u 8 % anual, un pico si tenemos en cuenta que los tipos oficiales se encuentran en el 2 % en la zona euro

 

"Esto es un país tercermundista. El Banco de España sabe muy bien que cuando un banco constituye una sociedad en un paraíso fiscal, dejamos de tener acceso a esa información, y sin embargo, lo autoriza. Luego no vale quejarse ni lavarse la cara". Las declaraciones corresponden a un inspector del Banco de España de cuyo nombre nos hemos olvidado. No se trata de un "calentón" particular, sino del sentimiento generalizado del cuerpo. Un cuerpo nacido para "inspeccionar" que observa con impotencia cómo las autoridades prefieren mirar para otro lado cuando de los grandes se trata.

 

Y el tema es grave, porque las grandes entidades financieras tienen deslocalizada una parte importante de su actividad en paraísos fiscales, por lo que la labor inspectora desarrollada por el Banco de España queda claramente mermada. Nadie en el cuerpo confía en el gobernador Jaime Caruana. Le observan como un político, no como un técnico, y descuentan que sea "fuerte con los débiles y débil con los fuertes".

 

Y entonces resulta que Caruana sale a la palestra y criminaliza a los consejeros de las entidades: "Los consejos deben de asumir la responsabilidad de conocer y medir los riesgos legales y de reputación en que se incurre al invertir en paraísos fiscales". O sea, algo así como "ya está bien". Lo que está por ver es la voluntad y los medios. Las entidades desvían fondos incrementando la opacidad y reduciendo la factura fiscal. Tanto como que el imperio de Rupert Murdoch pagó de impuesto de sociedades en 1998 tan sólo un 6 por ciento de los beneficios.

 

La cifra sale del informe "La isla del pirata" elaborado el pasado mes de mayo por Intermon Oxfam, basado a su vez en las conclusiones de la comisión del Senado americano sobre paraísos fiscales. La citada comisión concluye también que los paraísos fiscales mueven en el mundo 7 billones de dólares, es decir, 12 veces el PIB español. No está mal, ¿no?

 

Algunos paraísos fiscales son estados reconocidos, como el estado de Delaware donde Camacho tenía una filial de Gescartera y donde radica la sede social del Daily Telegraph, que hoy se disputan los hermanos Barclay y Sir Conrad Black. Por su parte, la gigante Fox está radicada en las islas Bermudas. Conviene recordar que también la desaparecida Enron estaba domiciliada en un opaco paraíso fiscal sin que los pequeños accionistas pudieran tener acceso a la realidad económico-financiera de la empresa. Y podemos seguir poniendo ejemplos: News Corporation, la segunda empresa de comunicación del mundo, propiedad de Rupert Murdoch, está radicada en Gran Caimán. Por eso, según el precitado informe de Intermon, en el 1998, pagó un 6% de Impuesto de Sociedades cuando la media en todo el área OCDE es del 30 %.

 

Los tentáculos de los paraísos fiscales alcanzan un sinfín de actividades. Por ejemplo, los bancos españoles utilizan los paraísos fiscales para realizar deuda subordinada, especialmente participaciones preferentes. Unas acciones con remuneración prepactada que pueden alcanzar una rentabilidad de hasta el 7 u 8 por ciento anual. Un pico si tenemos en cuenta que los tipos oficiales se encuentran en el 2 por ciento en la zona euro. La deuda subordinada preocupa a Basilea II porque atenta directamente contra el coeficiente de solvencia. Por eso, el ministro-bombero de Economía, Pedro Solbes, quiere que la deuda subordinada sea emitida en España.

 

Pero si Estados Unidos tiene su Delaware, la Unión Europea tiene su Luxemburgo. Un país miembro que ha bloqueado todo intento de armonización fiscal porque sencillamente sólo existe en razón de su particular estatus opaco. La clase media alemana huye del fisco germánico en coche. En dos horas abre el maletín en una entidad luxemburguesa que promete silencio ante las autoridades "socias".

 

Pero además, tanto Luxemburgo como Holanda se han convertido en el gran atractivo empresarial por su reducida fiscalidad y la opacidad de su sistema. Muchas sicavs (Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable) españolas, por ejemplo, se encuentran domiciliadas en Luxemburgo al rebufo del 0,5 por ciento cobrado por el fisco del Gran Ducado. En España la tributación es del doble, un 1 por ciento, pero la creación de estas bolsas de dinero se ha frenado ante la amenaza socialista de elevar la tributación al 30 por ciento, medida que provocaría la inmediata huida del gran capital.

 

Urge que las autoridades monetarias españolas se tomen en serio el peligro de la deslocalización financiera. Pero urge también que el consenso mundial ponga fin a estos parásitos fiscales que consumen el 20 por ciento de la riqueza financiera mundial sin aportar más valor añadido que la opacidad, refugio de narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco.