La nueva Oficina Judicial pretende quitar a los jueces la potestad del señalamiento de juicios

La convocatoria de huelga por parte de los jueces ha generado muchas reacciones por parte del poder político. Todos comparten que los jueces no tienen derecho de huelga. Y tienen razón. Pero las cuatro asociaciones judiciales están de acuerdo en mostrar de alguna manera su repulsa ante lo que consideran como ingerencia intolerable del Ejecutivo en el poder judicial.
Piden una modernización razonable, la aplicación de las nuevas tecnologías y la informatización del juzgado. También piden que se reabra la mesa de retribuciones. Al fin y al cabo, según un informe del CGPJ, los jueces están soportando una carga de trabajo 10 veces superior a la de sus compañeros europeos en términos de ratio población/casos/jueces.
Pero sobre todo, lo que piden es que se respete la independencia del poder judicial. Un asunto clave para que el Estado de Derecho pueda seguir siendo cosiderado como tal.
Por ejemplo, en el diseño de la nueva Oficina Judicial que diseña Justicia, los jueces no se oponen a perder poderes. Al contrario. Piden un reparto razonable de responsabilidades. Si hiciéramos huelga de reglamento tardaríamos cinco años por juicio porque el juez tiene que leerse el 100% de los papeles que entran en su juzgado, señala una juez. Lo que no están dispuestos a perder es el poder en la agenda de señalamientos. Parece una cuestión técnica, pero no lo es. Si es un funcionario quien organiza las labores del juzgado podría ocurrir que un asunto nunca es estudiado porque no interesa al poder. ¿Es esto lo que queremos?
No, la batalla no es la de un gremio que pide mejoras laborales. La batalla es la de un poder que vela por la legitima y necesaria independencia de los tres poderes. Si al asunto de la agenda de señalamiento sumamos el previsto endurecimiento del régimen disciplinario, la propuesta de Bermejo de que el CGPJ esté formado por no jueces, la supresión de las oposiciones de acceso y que sea la Fiscalía quien realice las instrucciones, tenemos el resultado de la quiebra absoluta de la independencia del poder judicial. Temen a un ministro de consideran sectario.
Por eso las juntas de jueces de Murcia, Extremadura y Zamora remitieron al CGPJ el anuncio de los paros a los que ahora se suman las cuatro asociaciones judiciales, incluida la prosocialista Jueces para la Democracia. El Gobierno se está metiendo mucho, atacando mucho y no haciendo nada, es el resumen de las quejas judiciales.