Cayó la moneda del larguísimo caso Aerolíneas Argentinas(ARSA). A pesar de la campaña de victimismo del grupo Marsans, su actual propietario, lo cierto es que la empresa está en quiebra técnica, y que si ha podido seguir prestando servicio -un servicio imprescindible en aquel país- ha sido porque el Gobierno argentino ha pagado los salarios de la plantilla (9.000 personas) desde noviembre, así como el combustible y los avales de los créditos solicitados a los bancos, amén de las subvenciones públicas.
Así que el ministro argentino de Transportes, Ricardo Jaime, anunciaba horas atrás que el Estado nacionalizaba tanto ARSA como su filial Austral. El 100 por 100 será del Estado.
Además, en dos meses una comisión independiente valorará los pasivos de Aerolíneas. Esa valoración decidirá dos cosas: si el grupo termina siendo público o privado y si se abona algo a Marsans por sus acciones.
Ante una nacionalización de una empresa propiedad de un grupo extranjero, lo importante es conocer la reacción del Gobierno ?expropiado?. Pues bien, durante toda la tarde del jueves, el Gobierno Zapatero discutió qué actitud tomar, y se ha decidido que se proteste con la boca pequeña. En otras palabras, la medida argentina esta vez es justa.
De poco le ha servido al presidente de la patronal CEOE la campaña de victimismo y su apoyo descarado a la discutida política económica del Gobierno Zapatero. La Administración española sabe que Aerolíneas Argentinas fue un regalo del Gobierno Aznar que, además, dio a Marsans 758 millones de dólares para su reflotamiento. Pues bien, hoy se sigue en el Juzgado 35 de Madrid un caso contra Marsans pro desvío de fondos públicos -parte de los 758 millones de dólares-, otro delito fiscal y uno de estafa procesal.
Y ojo, porque si finalmente Cristina Fernández de Kirchner decide abonar algún dinero por sus acciones podría hacerse cómplice de un delito, si los jueces deciden que esas acciones fueron conseguidas por Ferrán y Pascual a través de un delito, el pago podría resultar reversible.