Cataluña, Galicia, Canarias y Andalucía tienen mecanismos autonómicos de mediación en procesos de separación y divorcio dentro de sus Consejerías de Bienestar Social. El Gobierno quiere respetar esta competencia autonómica y, por tanto, no promoverá a nivel estatal ningún mecanismo de conciliación. Y eso a pesar de que el Consejo de Europa ha reiterado en sucesivas ocasiones su recomendación de promover los Centros de Orientación Familiar estatales actualmente existentes.
Da la impresión de que el Ejecutivo no es que tenga sensibilidad autonómica, es que no quiere invertir en estabilidad familiar. De hecho, el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros no va acompañado de una memoria económica, porque, según el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la actual dotación judicial es suficiente y el sistema agilizado liberará recursos procesales. Nada que ver con las declaraciones realizadas a Hispanidad.com el martes 14 en las que el ministro reconocía que la agilización dependerá de cada juzgado. Por otra parte, Aguilar ha aprovechado para anunciar la creación de 1.000 plazas de jueces y fiscales "con todo lo que ello significa".