Recomiendan enviar un burofax a los centros educativos ‘acosadores'
María C. es una madre de Jaén que ha presentado objeción de conciencia en el Instituto de Enseñanza Secundaria para que su hijo no curse la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) en 3º de ESO. El primer día de clase, el jefe de estudios le llamó y le dijo que si su hijo no entraba a clase de EPC ella tendría que ir a buscarlo porque en el centro no podía permanecer. Ante la firme postura de María, defendiendo su derecho a objetar, el chico permaneció en el pasillo mientras la Junta de Andalucía acosaba a la madre solicitándole que acreditara "la representación legal de su hijo", detalle tragicómico si consideramos que el chico tiene unos 13 años y no ha dejado de estar al lado de su madre desde su nacimiento.
En Barcelona, un grupo de padres ha recibido notificación de la Generalidad "desestimando" sus escritos de objeción de conciencia; el gobierno catalán se arrogaba así un poder absoluto que no tiene porque la libertad de conciencia es un derecho constitucional y no depende de ninguna otra instancia. La Generalidad, al igual que la Junta de Andalucía y el propio Gobierno de España, ya ha advertido que los alumnos cuyos padres han objetado frente a EPC "serán suspendidos". En Toledo, provincia con más de 4 000 objetores, los padres también han recibido escritos de la Junta de Castilla-La Mancha rechazando la comunicación de los padres relativa a la objeción. Estas decisiones de la Administración están siendo ya recurridas. No hay que olvidar que Ángel Felpeto, delegado de Educación en Toledo, ha recibido una querella criminal (que ha sido admitida a trámite) por obstaculizar los derechos fundamentales de los objetores.
En Lucena (Córdoba) el director de un IES ha escrito a los padres que han objetado instándoles a que entren a clase de EPC o sean recogidos por sus padres. En Cádiz, una alumna de 3º de la ESO de un centro público ha sido coaccionada y amenazada para que entrara en clase de EPC.
Leonor Tamayo, coordinadora de Redes Locales de la Campaña de Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, se sabe de memoria la casuística de cada objetor, no en vano recibe decenas de llamadas y correos electrónicos cada día. "Es cierto –asegura- que se están produciendo coacciones y casos de acoso a objetores pero también es cierto que los padres son muy conscientes de sus derechos y reciben asesoramiento y apoyo jurídico inmediato en cuanto tienen un problema con la Administración educativa o con el centro escolar; en cuanto estos últimos reciben un burofax o una comunicación cesan de presionar a los alumnos y a sus padres". Tamayo recuerda que también existen movimientos espontáneos de solidaridad con los padres objetores. Es el caso del IES Javier de Uriarte, del Puerto de Santa María (Cádiz) donde la Asamblea de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos aprobó por unanimidad solicitar a la dirección del centro educativo el respeto a la objeción de conciencia de los padres que objetaran frente a EPC. En la asociación de padres y madres había padres contrarios a la asignatura y padres que no han objetado ni piensan hacerlo pero respetan escrupulosamente este ejercicio de ciudadanía responsable.
José Luis Bazán, Doctor en Derecho y responsable de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, no ha desconectado su teléfono móvil desde la primera semana de septiembre. Ante una llamada de petición de ayuda de padres objetores pone en marcha la operación defensiva con la colaboración de una treintena de abogados que, desde todos los lugares de España, trabajan desinteresadamente en favor de los derechos fundamentales de padres y madres. Un fax, una carta urgente o un correo electrónico paraliza de inmediato las coacciones y amenazas y las aguas vuelven a su cauce...hasta el próximo caso. En unos minutos, Bazán abruma con citas legales y abundante jurisprudencia al profesor, educador o funcionario que se haya atrevido a levantar la mano (en sentido figurado, por supuesto) a un padre, a una madre o a un alumno objetor frente a EPC.
El mensaje es claro: si es Vd. funcionario, que sepa que está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conculcando los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De paso, Bazán recuerda a los que amenazan y coaccionan que la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) obliga al director del centro a mediar en la resolución de conflictos y a impulsar la colaboración de las familias. Entre tanto, otros abogados, coordinados entre sí, ultiman recursos frente a las decisiones de la Administración de rechazar las objeciones de conciencia. "El derecho a la objeción de conciencia no lo concede la Junta de Andalucía, ni la de Castilla-La Mancha ni la Generalidad de Cataluña", insiste Bazán, "porque está recogido en la Constitución y amparado por jurisprudencia nacional e internacional y es la expresión de la voluntad de los padres". Esta es la esencia misma del Estado de Derecho, apostilla Bazán.
Curiosamente, en una legislación educativa sumamente permisiva, los padres objetores y sus hijos carecen de derechos. Se les acusa falsamente de "absentistas", cuando en realidad el absentismo es la ausencia reiterada del centro escolar, algo que no tiene nada que ver con la oposición de los padres a EPC. La propia LOE, en su Disposición Final Primera, reconoce (al igual que la Constitución Española) el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas. La misma norma reconoce ese derecho a los alumnos; estos, además, deberán ser protegidos contra toda agresión física o moral. Para remate, la ley educativa aprobada por el Gobierno Zapatero permite que los estudiantes, a partir de 3º de ESO, podrán decidir la no-asistencia a clase siempre y cuando lo hayan decidido ellos mismos en una reunión y lo hayan comunicado previamente a la dirección del centro. Se ve que el espíritu democrático, la participación ciudadana, la resolución pacífica de conflictos y la atención a la diversidad, tan presentes en la legislación educativa rigen para todos los casos, actitudes y comportamientos escolares. Menos para los que objetan por motivos de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.
"La realidad -concluye Leonor Tamayo- es que en un año se han producido veinte mil objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Si esta asignatura permanece, ¿qué Gobierno, Administración, Comunidad Autónoma...puede resistir a la voluntad persistente de los padres? Estamos ante un movimiento sin precedentes y las coacciones y amenazas, lejos de amedrentar a los objetores, les animan a seguir en esta singular batalla por la libertad de educación y los derechos fundamentales". Tamayo ha enviado, desde el 17 de octubre de 2006, unas cien mil Guías informativas sobre Objeción de Conciencia; a la vez coordina unas veinte charlas mensuales sobre EPC. Está convencida de que este creciente movimiento social es imparable porque apela a aquello por lo que cualquier padre y cualquier madre decente daría la vida: sus hijos. Así lo han contado responsables de Profesionales por la Ética.