El bono social regula además el procedimiento de adjudicación de gaseoductos Este jueves el BOE publicaba el real decreto que regula el mal llamado bono social, que como ya hemos explicado no es bono, sino compromiso de que la tarifa no subirá durante cuatro años en aquellos hogares más vulnerables: en total 5 millones de hogares y cerca de 10 millones de beneficiarios.
El decreto también regula que el Gobierno asumirá con cargo a presupuestos los costes de la producción extrapeninsular. Además, como es conocido, el Gobierno avalará las emisiones de titulización de deuda. Lo que es menos conocido es la liberalización de la tarifa de los 2.700 millones del Plan General de Residuos Radioactivos imputándoselos a los titulares. La decisión forma parte de la estrategia de sacar de la tarifa elementos que no son de tarifa. Pero en lugar de ser asumidos por el presupuestos son cargados a las compañías en aplicación del principio de que quien contamina, paga.
Por otra parte, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el decreto también regula los procedimientos de adjudicación de los gaseoductos en la línea de la red mallada que se pretende construir para garantizar la seguridad en el suministro.