Secuestrar españoles sale rentable. Los últimos han sido los dos cooperantes -tres con una italiana- capturados anoche en el campamento de refugiados saharauis de Rabuni (Argelia) por obra -todo parece indicar- de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Sus nombres -las personas son lo importante en estas historias y siempre- son Ainhoa Fernández de Rincón, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura; Enric Gonyalons, miembro de Mundubat; y la italiana Rosella Urru, el Comité Italiano para el Desarrollo de los Pueblos.
Lo último que se ha sabido esta mañana es que los tres han sido trasladados a Mali, país donde -por cierto- fueron llevados también los penúltimos secuestrados españoles: Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual, también cooperantes. En aquella ocasión, como se recordará, el Gobierno de Zapatero negoció con Al Qaeda y los tres fueron liberados tras el pago de una millonada.
Está claro que los familiares pagarían el rescate y exigirían al Gobierno que lo pague, lo cual es entendible y justificable. Pero un Gobierno no puede negociar con terroristas y menos pagarles dinero, porque -como se está demostrando- secuestrar españoles le sale muy rentable a los terroristas, sea o no Al Qaeda. Lo que tiene que hacer el Gobierno -a lo mejor ya le queda la gestión a Mariano Rajoy- es enviar al ejército español -esa es la misión de nuestras fuerzas armadas, defender españoles- a liberarlos. Si algo sale mal -Dios no lo quiera- la culpa no es del Gobierno, sino de los secuestradores. Así se acabarían los secuestros. Es duro pero es así. ¿Qué hizo, si no, ante el chantaje de ETA con Miguel Ángel Blanco el Gobierno de José María Aznar?
José Ángel Gutiérrez
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