Ya consta una denuncia ante la Fiscalía por los 28,8 millones de euros de pensión de FG, mientras se reducen las jubilaciones de 4.400 trabajadores del antiguo BEX

 

Ha sido un prejubilado del antiguo Banco Exterior de España (BEX), hoy integrado en BBVA, quien ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del segundo banco del país, Francisco González (FG). Al demandante no parece haberle gustado mucho que FG cobre 3 millones de euros y, muy especialmente, que a 31 de diciembre de 2003, siete años después de que fuera nombrado presidente de Argentaria por Rodrigo Rato, ya disponga de un fondo de pensiones, que ronda los 29 millones de euros, y que, durante el presente ejercicio, ya habrá superado con creces los 5.000 millones de las antiguas pesetas.

 

¿Se trata de envidia? Puede, pero también hay otras razones. Porque han sido los pensionistas del antiguo Banco Exterior quienes se han visto directamente afectados por una decisión de la gestora del externalizado fondo de pensiones de los trabajadores de BBVA. En pocas palabras, tanto el banco como los sindicatos acordaron modificar el plan de pensiones de 3.600 trabajadores en activo del antiguo Banco Exterior, más 800 prejubilados desde la condición de "prestación definida" a la de "aportación definida". En circunstancias normales, esto significa, en pocas palabras, y sin hacer cálculos actuariales, que el banco aporta menos y que el prejubilado cobrará menos. Así se entiende que alguien se haya enfadado y se haya ido a ver al señor Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado. Y éste, a su vez, decidió pasarle el expediente al fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas. Al igual que ocurre con las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, los sueldos y pensiones de los presidentes de bancos y grandes empresas son ya algo más que objeto de comentario periodístico: pueden entrar en el terreno de lo penal.

 

En cualquier caso, llama poderosamente la atención que los sindicatos hallan aceptado un cambio que, con todas las excepciones y matices que se quieran,  perjudica a los trabajadores y beneficia a la entidad. O, en palabras de otro prejubilado de la misma entidad, FG se sube la pensión a costa de bajármela a mí. Especialmente resulta llamativo esta actitud sindical cuando las centrales mayoritarias, a lo largo de una década, ha consistido en la externalización de los fondos de pensiones. En otras palabras, que fueran los representantes de los trabajadores quienes controlaran esas ingentes cantidades a pagar los complementos por pensiones y no las empresas, como ocurría con los fondos internos. Sólo la presión de los distintos gobiernos, así como las ventajas fiscales para la externalización (y, a la postre, la obligatoriedad de externalizar) consiguieron el objetivo. Ahora se demuestra que no hay peor cuña que la de la propia madera.