• 313 detenidos y 328 imputados por defraudar más de 7,7 millones de euros.
  • Los acusados realizaron 1.544 altas en la Seguridad Social a través de 29 empresas ficticias.
  • Esta trama es el resultado de tres investigaciones policiales, que se produjeron en varias provincias como Gerona, Lérida, Madrid, Cáceres, Valencia y Alicante.

En España la lucha contra el fraude fiscal y laboral continúa, pues este lunes una de las batallas del ministro del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (en la imagen junto a Fátima Báñez), y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha cobrado una nueva víctima, bueno en realidad muchas. Se ha acusado a 641 personas por defraudar a la Seguridad Social (SS).

En total, 313 han sido detenidas y 328, imputadas, sobre todo en Barcelona y Gerona, por un fraude a la administración pública superior a los 7,7 millones de euros. Los acusados realizaron 1.544 altas en la SS a través de 29 empresas ficticias, para así poder cobrar prestaciones y subsidios por desempleo, a la par que conseguir y renovar permisos de residencia.

La implicación de las 641 personas en este gran fraude, no sólo contra Hacienda, sino contra la SS, es el resultado de tres investigaciones policiales, que se produjeron en varias provincias como Gerona, Lérida, Madrid, Cáceres, Valencia y Alicante.

El inicio de toda la trama se dio con la investigación de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Gerona, que detectaron hasta 12 empresas ficticias, ubicadas en Barcelona, que daban de alta a extranjeros, pero tenían como administradores a dos varones indigentes marroquíes y defraudaron 3,8 millones de euros.

Una denuncia de un ciudadano sobre la usurpación de su nombre y su firma por parte de unos paquistaníes desencadenó la segunda investigación en Barcelona. En la cual se descubrieron hasta seis empresas falsas que simulaban contratos laborales y despidos para regularizar a personas extranjeras. El fraude alcanzó un millón de euros.

La última de las investigaciones se inició gracias a las informaciones sobre una empresa de construcción ficticia, situada en Mataró (Barcelona). Pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado descubrieron otras once, con los mismos administradores y sedes, que defraudaron tres millones de euros a las arcas públicas.

A finales de abril se firmó un convenio de Colaboración entre el Departamento de Báñez y el Ministerio del Interior, con el que se pretende que, tanto la Inspección de Trabajo y SS como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan una mayor coordinación, en los casos de fraude contra la SS y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Cristina Martín

cristina@hispanidad.com