Díaz Ferrán y Pascual intentan de este modo recibir otros 100 millones de dólares

Los dueños de Marsans están intentando todos los recursos posibles e imposibles, para no perder ni el control accionario ni puestos claves en la gestión de Aerolíneas Argentinas. El último pretexto, como informara Hispanidad, ha sido de orden legal: invocar la cláusula décima del contrato de compra, en la cual la SEPI se comprometió a asumir deudas anteriores a la venta de aerolínea de bandera argentina, que justificadamente hubieran quedado fuera de su concurso de acreedores: 45 millones de dólares de Banesto, otros 45 al sistema de reservas Amadeus, y entre 10 y 20 millones de deudas fiscales a varias provincias. Alrededor de 100 millones de dólares en total. La información fue difundida por el diario neoliberal argentino Ámbito Financiero, uno de los medios de prensa preferidos por Pascual y Díaz.

Price Waterhouse-Coopers deberá verificar la naturaleza, fecha de origen y razones por las que dichas deudas siguen impagadas. Ahora bien, cuando está documentado y demostrado en el Juicio de diligencias previas han incurrido en los delitos de falsedad documental, estafa procesa, delito tributario y desvío de fondos públicos ¿qué derechos tiene los propietarios de Air Comet/Marsans, para invocar objeciones contractuales que les sirvan de excusa para conservar el control de Aerolíneas Argentinas?,

Las evidencias concretas y objetivas que lo prueban están en el exhorto del Juzgado Comercial N: 15 y en poder del Juzgado de Instrucción N.35 de Madrid, reunidas en los dos Informes del Tribunal de Cuentas (2006 y 2007) sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y el Informe Judicial elaborado por el Perito de la AEAT. Por cierto, que el mismo informe también reveló una evasión fiscal por parte de Air Comet/Marsans que asciende a 300 millones de euros. La querella pide también la imputación por los mencionados delitos de tres miembros de la SEPI, un ex presidente, un ex director y otro en funciones.

El gobierno Zapatero no se ha dado por enterado ni de lo denunciado por el Tribunal de Cuentas ni por el perito judicial perteneciente a la AEAT. Por lo tanto, ni ha revisado el destino dado por Pascual y Díaz a los 758 millones de dólares donados por el erario público, ni enviado una inspección fiscal a Air Comet/Marsans para verificar si ha cometido o no evasión fiscal.

Sintetizando. Si Pascual y Díaz quieren tener derechos legítimos para exigir a la SEPI 100 millones de dólares más por su venta de Aerolíneas, a la luz de lo revelado judicialmente deben antes cumplir con el destino contractual estipulado para los 758 millones de dólares regalados por SEPI para ARSA. Además de pagar a la Agencia Tributaria los 300 millones de euros que le adeudan a través de Air Comet/Marsans.

Un dato no menor es que si Marsans conserva la mayoría accionarial ante los nuevos socios privados de Aerolíneas Argentinas, se repetiría el esquema creado en 1998. Entonces la compañía era controlada por Iberia y participada con un porcentaje minoritario por American Airlines, que además dirigía la empresa. La experiencia resultó funesta tanto para España como para Argentina: los socios se terminaron peleando por la gestión pero sobre todo por sus responsabilidades para cancelar la cuantiosa deuda que arrastraba la empresa desde 1990; American se terminó retirando en 2001 y lo mismo hizo Iberia. La SEPI asumió el control total y la administración de Aerolíneas y Austral, hubo siete meses de manifestaciones públicas masivas sindicales y sociales a favor de las compañías y en repudio a las empresas españolas contra las cuales se llegó a pedir un boicot. Finalmente la SEPI sacó a concurso la aerolínea de bandera argentina y la reprivatizó otorgándosela a Marsans.

Hoy la situación es mucho más explosiva empresarial y políticamente. Aerolíneas Argentinas aún no ha concluido su concurso de acreedores; tiene una astronómica deuda post concursal; sus activos inmobiliarios y aeronáuticos como los de Austral están reducidos a nivel de subsistencia o menos y, dado el insuficiente y deficiente servicio que desde hace años ambas prestan, sus prestigios empresariales y el valor de sus marcas se han devaluado severamente.

Por su parte, Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual -ahijados políticos de Esperanza Aguirre-, son también el Presidente y uno de los Vicepresidentes de la poderosa CEOE, la confederación que reúne a más de un millón de empresas españolas. Por lo tanto, ambos son los representantes más relevantes del capitalismo español en el exterior y, se supone, el mejor ejemplo del mismo. Pero Díaz, esta siendo duramente criticado desde hace mucho dentro de la patronal, por su excesiva dependencia o funcionalidad con el partido gobernante, a quien apoyó públicamente en las últimas elecciones generales y sigue elogiando en sus políticas económicas respaldando a Solbes y a Sebastián. A cambio, habría logrado la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ante la presidenta Cristina Kirchner, para lograr que  Air Comet mantenga la mayoría accionarial en Aerolíneas Argentinas y no pase a manos locales.

El culebrón de Aerolíneas Argentinas, un drama que amenaza siempre en convertirse en tragedia, ha tenido en su extensa historia como protagonistas villanos, responsables civil y penalmente, a tres gobiernos de España y otros tres de la Argentina; conjuntamente con dos empresas españolas, una estatal y otra privada. Y, como protagonistas víctimas, damnificados civil y penalmente, a una aerolínea de bandera extranjera, sólida, saneada y prestigiosa, que acabó descapitalizada, desacreditada y al borde de su desaparición. A ello se suman los 3.000 millones de dólares de sus impuestos o bolsillos por ahora-, que se sabe de donde salieron pero no adónde llegaron, puesto que ninguno de los objetivos y compromisos empresariales asumidos en las dos privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, para los cuales estaban destinados esos cuantiosos dineros públicos, se han cumplido.