Es mucho más fácil obtener la ciudadanía española que la de Second Life, el país virtual creado por el físico y programador Philip Rosendale, habitado ya por siete millones de ciudadanos de carne y hueso.

Cada día miles de personas desean ser ciudadanos de SL, con un PIB de 500 millones de dólares reales. Pero no lo tienen fácil. Todos tienen que jurar su constitución. Corta (seis artículos), pero muy exigente. Su incumplimiento puede motivar la suspensión temporal o la expulsión definitiva de la comunidad virtual.

La intolerancia se combate a muerte. Está terminantemente prohibido marginar o discriminar a otros residentes por motivos de raza, religión u orientación sexual. El acoso, las amenazas o comportamientos groseros también son inconstitucionales.

No se permiten las agresiones, los empujones, los disparos o revelar datos personales de la vida real de cualquier residente, sin su consentimiento. El nudismo, los contenidos sexuales o la violencia solo se admiten en zonas privadas y en áreas expresamente calificadas con la letra M de madurez.

Cuando alguno de estos hechos sucede, basta con que un habitante de SL envíe un informe a los administradores del Estado y en segundos, empleados de Linden Lab, acuden al lugar del conflicto. Y pueden expulsar del país al infractor o no concederle la tan deseada ciudadanía. Lo que conlleva serios inconvenientes. Por ejemplo: asistir a un concierto de U2; escuchar jazz desde un pub de Nueva Orleáns, comprar en Berskha o pasearse por las mejores galerías y exposiciones. Pagando, como es lógico, con el eurodólar Linden.

Clemente Ferrer Roselló

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