El sindicato policial SUP señala que si los espías de la Comunidad de Madrid tuvieron acceso al nombre de los dueños de las matrículas, debieron dejar rastro en el ministro del Interior. Rubalcaba está que trina y desde Moncloa sugieren que el SUP mezcla esta cuestión con sus reivindiacaciones salariales y profesionales. Casi nada al aparato.
Por lo demás, la vicepresidenta De la Vega, se niega si quiera a discutir el asunto preguntada por Hispanidad. La vicepresidenta observa con preocupación las informaciones que estamos conociendo estos días que de confirmarse constituirían una violación muy grave de derechos fundamentales. La pelota, sin embargo, está en el tejado de la familia popular amadrileña, que debe dar explicaciones. Los ciudadanos se las están pidiendo y deben saldar esa deuda cuanto antes.
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