Dentro del plan de ajustes en educación aprobado por el gobierno para reducir el déficit presupuestario se pretende ahorrar 3.000 millones de euros, aumentando el número de alumnos por clase, elevando las tasas universitarias, e incrementando las horas lectivas de profesores.
Por estos mal llamados recortes, más bien son ajustes, se ha celebrado una huelga con poco éxito en dicho sector. Pero en ningún momento se señala el verdadero problema que adolece nuestro sistema educativo, y sólo se arguye en clave exclusivamente económica, lo que pone de manifiesto el trasfondo político de estas manifestaciones y su escasa credibilidad.
Los datos en educación son elocuentes con una tasa de fracaso escolar que supera el 30%, lo que muestra que ni la LOGSE ni la LOE han sido el instrumento idóneo para lograr la calidad en la enseñanza. La mejor forma para combatir la crisis económica pasa por potenciar la educación, no sólo inyectando recursos, porque invertir más dinero no significa necesariamente mayor calidad. De hecho, nuestro gasto por alumno asciende a cantidades similares a países como Alemania o Finlandia, con mayor poder adquisitivo y mejores resultados educativos.
La falta de competitividad de nuestra enseñanza en un mundo cada vez más globalizado es manifiesta, y así en Andalucía sólo un 6% de los colegios son bilingües. Los estudiantes tendrían que leer y escribir sin faltas de ortografía, incluidos los universitarios. Habría que cambiar, estos serían los verdaderos reajustes, el enfoque que hasta ahora se le ha venido dando a la enseñanza, con experimentos pedagógicos no exentos de tintes socializantes, que pretenden un igualitarismo educativo, rebajando la exigencia, de tal forma que no se reconoce la excelencia, el esfuerzo, la disciplina, ni el respeto y autoridad de los profesores, lo que produce una enseñanza pública de baja calidad que perjudica a los más desfavorecidos socialmente.
Es paradójico que los mismos dirigentes políticos que preconizan la enseñanza pública acaben llevando a sus hijos a colegios privados. Además, es fundamental cambiar la mentalidad estatalista de que la enseñanza es una labor única y exclusiva de los poderes públicos, suplantando a sus legítimos titulares. Por eso, habría que limitar las tentaciones totalitarias del gobierno de turno en arrogarse la competencia de adoctrinar a los alumnos con asignaturas cuyos contenidos sólo incumben a los padres. Si de recortes se trata, el primero tendría que hacerse a la asignatura Educación para la Ciudadanía, vaciándola de contenidos ideológicos sobre el matrimonio gay, orientación afectivo-emocional, o la ideología de género.
Los poderes públicos tendrían que limitarse, en expresión constitucional, a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, también la religiosa y moral.
Todo lo que sea que los padres se organicen libremente, sin un intervencionismo asfixiante, reportará efectos positivos en la enseñanza. Así, mediante los sistemas de conciertos se ahorra al Estado 4.300 millones de euros al año, lo que supone la mitad de gasto por cada alumno. A su vez, la educación diferenciada no puede seguir siendo objeto del trato discriminatorio que les dispensa las autoridades públicas. Estos son los verdaderos retos que tiene el gobierno si quiere hacer esta necesaria reforma en la educación.
Javier Pereda Pereda