Este lunes ha entrado en vigor el nuevo Código de Comercio catalán, aprobado por socialistas y sus socios radicales de ERC. La norma incluye multas a los ciudadanos que quieran rotular sus comercios en castellano en vez de catalán en un lamentable ataque contra la libertad personal y de empresa.
Pero además hay que recordar que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, declara totalmente inconstitucionales este tipo de multas lingüísticas, tal como se expone en sus fundamentos jurídicos sobre el artículo 34. Estamos, en definitiva, ante unos políticos que se saltan el marco legislativo e imponen unas multas a sabiendas que han sido declaradas ilegales. Y encima con el objeto de recortar la libertad de los ciudadanos. Realmente lamentable.
María José Raga Escuin