Vuelvo sobre el secuestro del pesquero vasco porque es un tema grave que parece olvidado. Y es que una vez que los 36 tripulantes del Alakrana ya están a salvo es el momento de analizar con mesura los pormenores de todo lo ocurrido.
Hay que empezar con la investigación sobre el propio barco. Determinar si es cierto, como parece, que no ondeaba la bandera española, como obligan las leyes internacionales. También si el Alakrana asumió por su cuenta el riesgo de faenar fuera de la zona de seguridad en una de las áreas más peligrosas del mundo con el fin de obtener un mayor rendimiento económico.
Si ambos supuestos son ciertos, en el primero habrá que sancionar al armador con toda la severidad que marque la ley, y en el segundo, plantearse que pague parte o todo el coste de la operación de negociación y rescate, ya que se arriesgó en busca de un beneficio privado y, por tanto, también deben ser privadas y no públicas las pérdidas económicas. No hay que olvidar que hablamos de una empresa que obtuvo el pasado año unos altos beneficios de varios millones de euros.
Por lo que respecta al Gobierno hay que analizar la gestión del conflicto, en la que se adoptaron decisiones totalmente desacertadas, como la de traer a dos piratas a España cuando la tripulación seguía secuestrada, la posterior de buscar triquiñuelas judiciales para solventar el primer error, o la final de dejar escapar a los piratas.
Y también debe explicar si ha pactado con ellos, ya sea en términos monetarios -aportando fondos reservados para el pago- o políticos -prometiendo indulgencia con los dos piratas detenidos-. Una vez se conozcan los detalles habrá que asumir responsabilidades si las hubiera. Los ciudadanos también tenemos derecho a saber cómo ha actuado nuestro Gobierno, nos va el prestigio internacional en ello, y cómo gestiona nuestro dinero.
José Morales Martín