El ministro Ruiz-Gallardón presentó un proyecto de ley de Justicia gratuita de marcado acento social con el que difícilmente se puede estar en desacuerdo.
El texto amplía este derecho a las asociaciones de víctimas del terrorismo, de consumidores, de discapacitados, a las víctimas de violencia de género o de trata y a menores que sufran maltrato, entre otros colectivos vulnerables o entidades con responsabilidad social.
Pienso que estamos ante una norma conveniente y sensata que enriquece nuestro sistema de garantías, por tanto bienvenida sea.
Valentín Abelenda Carrillo