El pasado 17 de septiembre algunos representantes de Nafarroa Bai denunciaban que los libros de texto que se utilizan en Navarra no cumplen ni la ley de Igualdad ni la de Educación.
En el estudio que habían realizado tuvieron en cuenta la igualdad entre géneros, los modelos de familia y la libertad afectivo-sexual. La conclusión de ese estudio era que estos libros no hacen sino "perpetuar los estereotipos sexistas". Además, añadieron que los libros de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético Cívica constituyen "los casos más flagrantes" en el incumplimiento de la normativa.
Estas manifestaciones de la coalición nacionalista me sugieren la siguiente reflexión. Es comprensible que Nafarroa Bai profese una visión de la familia distinta de la que profesamos otras personas. Pero ¿cómo puede exigir el cumplimiento de una ley española quien tiene por fin político la ruptura con España? Además, la ley cuyo cumplimiento demanda Nafarroa Bai prescribe que en Educación para la Ciudadanía y Educación Ético Cívica se estudie y se valore la Constitución Española. Y no me imagino a docentes de la línea de Nafarroa Bai explicando y haciendo valorar a los alumnos la figura de Juan Carlos I como Jefe del Estado, la indisolubilidad de la unidad de España y las Fuerzas Armadas que son su garantía, el Amejoramiento del Fuero o el Estatuto de Guernica, entre otros valores constitucionales.
Así las cosas, nos encontramos con que una formación que pretende romper con la legalidad española exige el cumplimiento a los demás de la legalidad española en materia de ideología de género y, por otro lado, pretende hacer objeción a esa misma legalidad en materia política.
¿Por qué se permite a algunos esta doble moral en el cumplimiento de la ley? UPN niega el derecho a objetar a aquellos que disienten de la ideología de género. ¿No debería aplicárseles la ley de igual modo a aquellos que hacen objeción a la parte de estas asignaturas que habla de la Constitución Española? Y si se permite la objeción sistemática a la parte política del temario también debería permitirse la objeción a la parte moral. ¿O no somos todos iguales ante la ley?
José Javier Marín