Lo malo de aprobar un código de buen gobierno es que luego hay que cumplirlo. El pasado viernes 10 el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentaba el pomposo "Código de Buen Gobierno del Gobierno", que espera se extienda a las Comunidades Autónomas. En él se detallaba que los altos cargos de la administración deberían dedicarse a sus funciones y que, por tanto, su ejercicio sería incompatible con el desarrollo de otras funciones.
Pero he aquí que la presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por el 11-M, Pilar Manjón, soltó el pasado miércoles 15 toda la bilis que llevaba aguantando desde ese tráfico día. Y este Gobierno gobbelsiano pensó que lo mejor que podía hacer era responder con el paraguas del marketing: Creación del Alto Comisionado de las Víctimas. ¿La autora? La "señora" vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Ponga un poco de marketing en su vida.
Creado el continente, hay que dotarle de contenido. ¡Bingo! Ya lo tengo. Gregorio Peces-Barba, hombre indiscutible para la oposición, padre de la Constitución y hombre con el que el Gobierno Zapatero había empezado a distanciarse. Tres en uno. Peces-Barba dice que sí, pero sin dejar el recortado, su "chiringuito" particular desde donde adoctrina a las conciencias en el laicismo militante, capillas excluidas.
Hecho. Pero claro, la chusma mediática salta a la yugular. ¿Cómo es posible que el asunto sea compatible? Muy fácil: Tiene rango de secretario de Estado, pero su función no es remunerada ni forma parte de la escala jerárquica de la Administración. De la Vega se trae los deberes hechos y pone ejemplos de casos parecidos: el Comisionado para los Discapacitados, aprobado por el Gobierno en 2001. Bien. Vale. Pero, entonces, ¿qué funciones tiene el Alto Comisionado? "Tendrá competencias de coordinación, planificación, cooperación y seguimiento", según De la Vega. O sea, nada, porque aclara que no invadirá las competencias de la Oficina de las Víctimas del Ministerio del Interior y otras del Ministerio de Justicia.