En la segunda sesión del juicio contra Baltasar Garzón se puso de manifiesto de nuevo que Ignacio Peláez va a seguir presentando una dura batalla contra el Super Juez, ídolo de Pilar Bardem y Gaspar Llamazares, el letrado que no cree en la justicia.
El abogado y ex fiscal de la audiencia nacional, ha manifestado que Garzón utilizó como elementos incriminatorios contra su cliente, José Luis Ulibarri, las conversaciones grabadas en la cárcel del Caso Gürtel y sus abogados. Esto no sólo es un delito muy grave en cualquier país democrático. Se está violando el derecho de defensa. Garzón está acusado de intervenir de forma ilegal hasta 25 comunicaciones mantenidas en la cárcel con los principales imputados del "caso Gürtel" -Francisco Correa y Pablo Crespo- con sus abogados entre febrero y abril de 2009.
Garzón defendió este miércoles la legalidad de la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados porque estos últimos eran, ha dicho, la 'parte nuclear' de la mecánica de evasión de capitales de la trama. Las escuchas, señaló "no eran un cheque en blanco, sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales mediante la ayuda de sus abogados".
El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la causa contra Baltasar Garzón por las escuchas del "caso Gürtel", se ve en la obligación de defender su honorabilidad. El juez, en su declaración durante la mañana del miércoles, ha manifestado que los abogados de los imputados se coordinaban para poder preparar las estrategias de la defensa y "no para blanquear dinero" ni para poner zancadillas a a la investigación policial.
Peláez pide para Garzón una pena de 10 años de inhabilitación, y ha manifestado a preguntas del abogado defensor del juez imputado, Francisco Bocanegra, que la Policía pudo disponer de elementos incriminatorios contra su cliente procedentes de las conversaciones grabadas en el centro penitenciario de Soto del Real, con lo que vio vulnerado su derecho a la intimidad.
Peláez acudió al centro penitenciario para visitar al lugarteniente de la red Gürtel, Pablo Crespo, con la finalidad de preparar la defensa de Ulibarri y coordinarse con otros abogados de la trama. Pensó erróneamente que la conversación estaba protegida en el ámbito de la privacidad y la confidencialidad entre abogado y cliente.
Más tarde descubriría que habían sido pinchadas las comunicaciones del locutorio de la cárcel, por lo cual tanto el fiscal, como los policías y el juez disponían con anterioridad a la vista del juicio de las respuestas que podría dar su cliente, así como la estrategia de los abogados de la defensa de los implicados en la red.
Mariano Tomás
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