En lugar de levantar las alfombras que ocultan la corrupción, por la cual están siendo investigados judicialmente, los sindicalistas de UGT y CC OO han puesto en marcha una intolerable operación de acoso y desprestigio contra la jueza Alaya.
Estas acciones traspasan los límites de la legalidad, hasta el punto de que unos 200 "liberados" se concentraron ante el juzgado con ánimo intimidatorio, las imágenes emitidas por las televisiones eran patéticas.
En un Estado de Derecho nadie tiene patente de corso, tampoco los sindicalistas, que se niegan a rendir cuentas ante unos ciudadanos escandalizados.
Xus D Madrid