El ministro de Justicia ha vuelto a la carga con la ley de libertad religiosa. Da la sensación que lo que se pretende no es una autentica libertad religiosa sino una limitación de esta a través de una imposición laicista.
Si el PSOE quiere mantener una relación razonable con los católicos españoles, basta y sobra con cumplir la Constitución, cuyo artículo 16 ofrece pautas inequívocas: carácter aconfesional del Estado y cooperación positiva con las diversas confesiones, con especial mención a la Iglesia católica, plenamente justificada por su arraigo histórico, social y cultural. No es cierto que la Constitución imponga una política laicista, como pretende el ministro Caamaño, sino que establece una colaboración al servicio de las creencias muy mayoritarias en nuestra sociedad.
El respeto a la conciencia individual no exige una equiparación sin sentido en términos estrictamente democráticos entre unas y otras creencias religiosas. ¿Para qué una ley de libertad religiosa? ¿Por qué no seguir el artículo 16 de la Constitución Española? No obstante, parece estamos otra vez ante un gesto del Gobierno hacia los sectores radicales en nombre de una interpretación falsa y sesgada de la Norma Constitucional que suscita el rechazo de una gran mayoría de los ciudadanos.
Jesús Domingo Martínez
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