La Fiscalía podría inhibirse por contar con cromos como el resucitable caso Faisán A las 13,30 de la mañana de este martes la Asociación Libertad e Identidad ha presentado una querella criminal contra el juez Garzón por presunta prevaricación. La querella consta de 90 páginas en las que se describe con detalle los hechos y las causas que justifican el tipo penal. Básicamente, lo que viene a decir la querella es que el discutido juez estrella inició diligencias para investigar delitos de la guerra civil cuando debió haberse inhibido. Lo debió hacer porque existe una Ley de Amnistía, porque se trata de delitos comunes y porque en todo caso, estaban prescritos
El juez, sin embargo, interpreta que no cabe aplicar la Ley de Amnistía como tampoco hubo lugar a la aplicación de la Ley del Punto Final en Argentina. Un argumento que se contradice con lo señalado en la causa seguida contra Carrillo que él mismo archivó por entender aplicable la norma que posteriormente denosta.
Garzón también interpretó que no estaban prescritos los delitos porque al haber sido casos detenidos ilegalmente, la prescripción opera desde el momento en que se certifica la muerte. Por eso el empeño en saber si Franco había muerto. En realidad no deja de ser una triquiñuela jurídica un tanto burda, señalan desde la Asociación Libertad e Identidad porque es obvio que los detenidos en la guerra civil están fallecidos en la actualidad. Pero es que además, la Ley de 8 de septiembre de 1939 aclaró este extremo para que no hubiera lagunas jurídicas y declara que las personas desaparecidas durante dos años en tiempo de guerra, se les declarará muertas. No hay por tanto vacío legal. En resumen: Garzón hizo el pino puente para asumir una causa a sabiendas de que no era competente ni tenía legitimidad.
Ahora solo queda por saber si La Fiscalía se inhibirá o no. No lo tiene fácil porque el asunto es flagrante. Pero ocurre que Garzón tiene algunos cromos delicados del Gobierno como el caso Faisán, en el que supuestamente es Interior quien informa a etarras para que huyan antes de ser detenidos por la policía. Tampoco sería aplicable la doctrina Botín, porque esta señala que el juez no puede acusar si la fiscalía y la acusación particular no acusan. En tal caso, la acusación popular no gozaría de legitimidad. Pero en este caso de presunto delito de prevaricación, no ha lugar a acusación particular, por lo que la acusación popular debería de gozar de plena legitimidad.
Llueve además sobre mojado porque el Supremo denuncia al polémico juez con haber ocultado el cobro de 203.000 dólares en Estados Unidos. Dinero que pasó desapercibido al fisco.