En 1996, recién llegado el Partido Popular al Gobierno, tras 13 años de felipismo, se advirtió por megafonía que los nuevos mandatarios no iban a relevar a ningún presidente de empresa pública o en trance de privatización. Y la verdad es que muchos lo creyeron. Pues bien, en tres meses, no había empresa pública o participada por la SEPI que no hubiese renovado sus cúpulas (quedó uno solo: el presidente de Indra, Javier Monzón). Pues bien, las palabras tranquilizadoras de Miguel Sebastián, asesor económico del PSOE, valen lo mismo que la de los hombres de Rodrigo Rato en ese momento. Eso sí, hay una diferencia: el PP privatizó el último tramo de esas compañías; ahora todas ellas son privadas desde hace años. Por tanto, a los presidentes sólo deben echarles sus accionistas. Nadie se lo cree, naturalmente, pero eso significa que a un presidente se le echa presionándole por una de estas tres vías: Utilizando a un accionista de referencia interno (por ejemplo, una caja de ahorros que haya pasado a controlar como consecuencia de un cambio político), presionando con las tarifas, en el caso de que se trate de una empresa regulada... o denunciando un escándalo (naturalmente, eso no lo denunciaría el Gobierno Zapatero, para eso está el Grupo Prisa).