Sr. Director:
Debo recordar que he escrito infinidad de notas, como puede verse en mi blog, describiendo el terrible nivel de corrupción que el gobierno de los Kirchner tiene desde su mismo origen en la Provincia de Santa Cruz, y lo califiqué como un genocidio, tal como se define este delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y que, a partir de su firma por nuestro país, tiene aquí rango constitucional.
En efecto, su artículo sexto caracteriza como tal a los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; etc.
Sobre la base de esa definición, y visto que los directos perjudicados por la inacción del Estado frente a las necesidades básicas, garantizadas por la Constitución, pertenecen a los estratos más humildes, resulta claro que se está actuando con el propósito de eliminar individuos y comunidades enteras, sobre todo aborígenes; esos mismos que la falsa política de derechos humanos que integra el "relato" dice privilegiar. Resulta obvio que en Argentina el Gobierno y sus integrantes están cometiendo un verdadero genocidio.
Sabía que, en los últimos once años, se han recaudado nada menos que un millón de millones de dólares, y más allá de preguntarme desde siempre dónde están, ya que nos hemos empobrecido en caminos, en puertos, en comunicaciones, en hospitales, en viviendas, en electricidad, en petróleo, en gas, en ferrocarriles, etc., pero el programa de Jorge Lanata del domingo pasado, cuando mostró qué sucede en los comedores escolares -donde los chicos lloran de hambre porque ni siquiera alcanza el pan y se carece de leche- de las provincias argentinas, consiguió revolverme el estómago.
Los montos asignados a la alimentación diaria lo dicen todo: Jujuy ($ 3,50); Chaco ($ 4,50); Misiones ($ 3,50); Catamarca ($ 4,00); Entre Ríos ($ 3,80); Buenos Aires ($ 6,30), es decir, menos de US$ 0,50 por día, y sólo cuando esos comedores funcionan, explican mi indignación. Hace unos meses, además, el mismo programa había reflejado los problemas que la desnutrición infantil provoca, en las provincias del norte, en el desarrollo cerebral de los niños afectados.
Todos hemos contemplado, impertérritos, las inexplicables mansiones y otros lujos (aviones, yates, autos de altísima gama, relojes y joyas exuberantes) de los que disponen la Presidente, Guita-rrita Boudou, los gobernadores, los ministros, los secretarios presidenciales, los testaferros y hasta funcionarios de menor rango. Nos reímos cuando se enumeran los fabulosos sueldos que perciben los nuevos burócratas, carentes de todo mérito, que La Cámpora -tan justamente calificada como "agencia de colocaciones" por Jorge Asís- ha introducido por la ventana en las empresas y en reparticiones del Estado de toda laya.
Pero, cuando todos esos horrores se contrastan con el hambre de los chicos, con su desnutrición y su mortalidad, y vemos cuántos de nuestros conciudadanos viven en inmundas covachas y carecen de los elementos más elementales para tener una vida digna, a todos los argentinos de bien debería saltársenos la llave térmica. Pensar en el mejor destino que las montañas de dinero que se gasta en subsidiar Aerolíneas Argentinas y Fútbol para Todos, o en la publicidad de la inexistente gestión de los diferentes gobiernos, debiera motivar masivas manifestaciones de una sociedad que, lamentablemente, está inficionada por el peor virus, el "sálvese quien pueda" que hoy nos caracteriza.
Que tipos como Capitanich/Bacileff Ivanoff (Chaco), Closs (Misiones), Insfrán (Formosa), Fellner (Jujuy), Urtubey (Salta), Alperovich (Tucumán), los Zamora (Santiago del Estero), se comporten como señores feudales de las provincias más pobres de la Argentina, roben sus bienes y gasten sus magros presupuestos en flotas aéreas o en vivir con modos dignos de un maharajá, o que Scioli (Buenos Aires) se atrase en el pago a los comedores escolares para solventar sus maniáticas "ondas naranjas", clama al cielo cuando la pantalla del televisor nos muestra cómo viven, y cómo mueren, tantos de los habitantes de sus provincias.
La vocación de los holdouts por perseguir fondos del Estado a los cuales echar mano, y tal como ya hicieron con el Congo en los 90, los ha llevado a efectuar una presentación ante la Justicia norteamericana aduciendo que el dinero proveniente de la corrupción pertenece, en realidad, a la Argentina, y han obtenido de un Juez del Estado de Nevada una orden para que las ciento veintitres sociedades que se atribuyen a Bóvedas expliquen quiénes son sus dueños y exhiban sus contabilidades, y todo ello en un plazo perentorio de treinta días; el propio Juez calificó a doña Cristina, a don Néstor (q.e.p.d.) y a Báez como "trío siniestro". Es decir, serán nada menos que los fondos "buitre" quienes -ante la inacción de la Justicia argentina, encarnada en el caso por el Juez Casanello- nos permitirán conocer la ruta del dinero robado aquí que, previo paso por varios paraísos fiscales, regresaron ya lavados y planchados.
Estamos hablando de montos hurtados -o distraídos en actividades ridículas- que, como es obvio por su magnitud, permitirían alimentar razonablemente a los miles de chicos argentinos que hoy pasan hambre o mueren en la primera infancia, y atender la salud y el déficit habitacional de miles de ciudadanos, construir hospitales, cloacas y escuelas, etc.
Para tener una idea acerca de la realidad social que nos dejará la "década ganada por tan pocos", basta con revisar algunas cifras del indiscutido Observatorio Social de la Universidad Católica. El 25% (diez millones) de los argentinos no tiene empleo formal, vivienda digna, educación de calidad y salud suficiente; casi el 50% de los trabajadores tiene trabajo precario o indigente (por ejemplo, "cartoneo"); la desnutrición alcanza a tres millones de personas; el 37% de los jóvenes no consigue terminar el secundario, y el 20% es "ni-ni", porque no trabajan ni estudian; el 10% de las viviendas no tiene agua corriente, y el 30% cloacas; el 90% de los trabajadores registrados gana menos de US$ 1300 al mes, y el 85% de los jubilados percibe US$ 200 mensuales.
Y si comprobamos que los carteles de la droga y los laboratorios creados para contrabandear efedrina, con la complicidad activa de funcionarios de alto rango del Gobierno, financiaron la campaña presidencial de Cristina Kirchner y están matando con el "paco" y la violencia a los mismos que la corrupción ha transformado en "ni-ni", se completa claramente el cuadro de genocidio del que acuso a todos estos malparidos.
La Presidente olvidó que los mayores "buitres" de la Argentina son ella misma y todos los que la rodean, y que lo que está sucediendo en la economía es sólo fruto de su empecinamiento en encomendar su conducción a alguien tan inexperto y tan torpe como el Bambino Kicilloff. Así, evitando asumir cualquier responsabilidad, anunció que denunciará a la empresa gráfica Donnelley, que pidió su propia quiebra, de infringir la ley antiterrorista. Con ello, avanzó un poco más hacia la "chavización" de la sociedad, tendencia que se incrementa con el proyecto de ley de abastecimiento que enviará al Congreso en esta misma semana.
Más allá de los discursos, vuelvo a preguntarme: ¿quién le teme a Cristina Kirchner Porque una cosa es intentar este nuevo giro para un régimen con fuerza política y militar, como era el del papagayo caribeño e intenta ser el de Maduro, y una muy distinta es querer modificar las bases fundamentales de la sociedad cuando el poder del que se disponía se ha deshilachado, se encienden focos de protesta y resistencia en todos los resquicios de la economía, y ninguna medida que el Gobierno adopta tiene efecto alguno.
A contramano de la sensación de pánico que invade tanto a los opositores como a las asociaciones empresariales, creo que todo cuanto formó parte del discurso presidencial del jueves sólo consigue suscitar un odio mayor hacia los Kirchner y sus funcionarios, un sentimiento que sólo podrá ser satisfecho cuando todos ellos deban desfilar ante los jueces de Comodoro Py, que necesitarán lavar su imagen pública después garantizar, durante tantos años, impunidad a la corrupción.
Para finalizar, un aviso parroquial. El martes 19 (a partir de las 14:30) y el miércoles 20, los miembros de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, constituiremos, con el concurso de distinguidas personalidades latinoamericanas, el Foro de Buenos Aires, que se llevará a cabo en el Hotel Meliá (Reconquista 945, Buenos Aires), con entrada libre y gratuita, previa confirmación a justiciayconcordia@justiciayconcordia.org o al teléfono (011) 5273 9978. El programa, y los nombres de los disertantes pueden verse en www.justiciayconcordia.org. Nos gustaría mucho que nos acompañara.
Enrique Guillermo Avogadro