Es muy probable que el Consejo de Ministro apruebe el viernes 20 la normativa que desarrolla las cuotas participativas de cajas de ahorros. En pocas palabras, el Gobierno de Aznar ha introducido unos títulos con derechos económicos, pero sin derechos políticos, que amenazan la naturaleza jurídica de las cajas y que, en opinión de muchos, representa el comienzo del camino que conduce a la conversión de las cajas de ahorros en sociedades anónimas. La norma afirma que el 50% de estas entidades debe dedicarse a reservas y que el resto se repartirá entre obra benéfico social, la razón de ser de las cajas, y la remuneración de los cuota partícipes.
No sólo eso, sino que el Gobierno quiere establecer sindicatos de titulares de cuotas y mecanismos por los que el mercado pueda valorar estos títulos y, naturalmente, presionar a las cajas para que los remuneren convenientemente.
Pues bien, lo más sorprendente es que la norma cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y con su presidente, Juan Ramón Quintás. Según la CECA, las cuotas no conducirán a la conversión de las cajas en sociedades anónimas. En cualquier caso, someterán a las entidades a la presión del mercado bursátil y a los propietarios de títulos, que acabarán por no conformarse con poseer derechos económicos y exigirán derechos políticos.